En días pasados, ante los efectos económicos que la salida del Reino Unido de la Unión Europea pudiera ocasionar al país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un nuevo recorte al gasto por 31,715 millones de pesos, casi la mitad de los recursos corresponden a programas sociales; no obstante, sectores como la publicidad oficial, no han sido alterados. Esta situación enciende alertas, no sólo porque el país vive situaciones delicadas en materia presupuestal, sino también porque los criterios para la toma de esas decisiones no son del todo claros, por ejemplo, el sector salud y educación sufrieron un recorte de 6 mil 500 millones de pesos cada uno, mientras  el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con mil 800 millones de pesos, quienes fueron los sectores más golpeados. ¿Quién puede explicar por qué o bajo qué criterios se tomaron estas decisiones?

Sin duda la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto son mecanismos que pueden contribuir a que decisiones como éstas puedan darse a conocer a la sociedad de manera clara y, sobre todo, evitar que la discrecionalidad se imponga en cuestiones que afectan a miles de personas en condiciones vulnerables. Todavía no se logra cerrar esta brecha, se sigue trabajando en consolidar verdaderos sistemas de transparencia y rendición de cuentas en el país. La sociedad civil sigue empujando por tener claridad sobre este tipo de decisiones cruciales; sin embargo, las respuestas claras y transparentes no siempre llegan.

Una nota final. Después de un álgido debate entre diputados y senadores, integrantes del Congreso consensaron la realización de un nuevo periodo extraordinario a partir del 5 de julio en el Senado y un día después en la Cámara de Diputados,         para discutir el veto de Ejecutivo Federal al Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades. Una vez que el Congreso realice los ajustes correspondientes, se estará en condiciones para que el Ejecutivo pueda promulgar dicha ley. Mientras tanto, seguimos a la espera.