La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional al artículo 6 en materia de transparencia y acceso a la información, la cual ha sido turnada a los congresos estatales para su discusión y votación, en caso de obtener la aprobación de al menos 16 legislaturas estatales, México estaría en condiciones de crear un marco institucional suficientemente sólido para que los actos de autoridad y el manejo de los recursos públicos sean debidamente fiscalizados por la sociedad.
¿Por qué es tan importante esta reforma?
1. Se crea la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), lo cual implica que México tendría un organismo especializado, imparcial, con personalidad y patrimonio propio que tenga la responsabilidad de garantizar el total cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y del cuidado de datos personales, sin estar supeditado a ningún otra autoridad.
2. Se incorpora la obligación de transparentar y proporcionar información a toda organización, persona física y moral que gaste recursos públicos. Lo cual implica que tanto los partidos políticos como los sindicatos estarán obligados, finalmente, a transparentar e informar cómo y en qué se gastan los recursos que el Estado les proporciona (producto de los impuestos recaudados). En este rubro, hay mucho que fiscalizar, ya que los partidos y sindicatos se han caracterizado por manejar con gran opacidad la información referente a cómo utilizan los dineros. Seguramente hay muchos que estarán ansiosos por obtener mayor información sobre este tema, y habrá otros que comiencen a perder el sueño.
3. La minuta de reforma también señala que las entidades federativas tendrán que adecuar sus constituciones locales para fortalecer a los órganos responsables de proteger el derecho de acceso a la información. Este punto será un gran avance para México, ya que el acceso a datos respecto del manejo de los recursos públicos es prácticamente nulo en los estados, la fiscalización que se tiene en las administraciones estatales es endeble y con profundas fallas, resultando en altos niveles de corrupción e impunidad. Mediante esta reforma se busca homologar los criterios y procedimientos para que se presenten los informes solicitados por la persona interesada ante autoridades estatales y municipales.
4. Adicionalmente a la apertura para la fiscalización ciudadana de los recursos públicos, la minuta incorpora un nuevo elemento que obligaría a los servidores públicos a rendir cuentas y generar transparencia respecto de los actos de autoridad, ampliando el espectro de supervisión para los funcionarios, quienes tendrían que proporcionar información solicitada por las decisiones tomadas o ejecuciones hechas.
Si bien son noticias alentadoras, y estamos muy cerca de tener una plataforma institucional para obligar a toda aquella persona a informar de cómo se ha gastado el dinero público y bajo qué criterios los funcionarios tomaron ciertas decisiones, es también fundamental que la sociedad haga uso de este derecho, de nada servirá esta reforma constitucional si como ciudadanos no nos involucramos y demandamos enérgicamente se nos informe del actuar de nuestros funcionarios y el uso y destino que se la dan a los recursos del país.
