Concluyó el primer periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio de la 62 legislatura. Diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, hicieron un balance positivo de su trabajo y manifestaron su satisfacción por los acuerdos políticos. Dichos acuerdos, abrieron paso a la aprobación de un número importante de iniciativas de reformas, tales como la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma en materia de transparencia y la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.
La iniciativa de reforma educativa fue discutida en ambas Cámaras y el dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos, aprobado por amplia mayoría en el Senado: 113 votos a favor y 11 en contra. El intento que hicieran senadores panistas para acotar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no prosperó. No obstante, las modificaciones relativas al ingreso al servicio docente y la promoción de cargos, levantaron ámpulas en la dirigencia del sindicato. La reforma es únicamente el inicio de un arduo trabajo que habrán de hacer gobernantes, partidos políticos, especialistas, maestros y la sociedad civil en su conjunto y con la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se da oportunidad de construir un sistema educativo transparente y efectivo.
Por unanimidad, fue aprobada también en el Senado la reforma constitucional con la que se obliga a los partidos políticos –sin triangulación del Instituto Federal Electoral-, a los sindicatos y a los fideicomisos, a transparentar toda la información sobre sus recursos. La minuta enviada a la Cámara de Diputados, para su ratificación, dota de plena autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
En cuanto a las atribuciones del IFAI, se contempla que éste cuente con patrimonio propio, así como con plena autonomía técnica de gestión para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna. Seguirá siendo garante del derecho a la protección de datos y tendrá facultades para intervenir en los recursos que interpongan los particulares, respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y del Distrito Federal. La reforma también extiende el número de comisionados de esta institución a siete integrantes, que serán elegidos a través de un proceso ciudadano, organizado por el Senado, quien aprobará las designaciones y las pondrá a consideración del Ejecutivo Federal.
Las modificaciones aprobadas son resultado de un proceso amplio de deliberación entre las distintas fuerzas políticas, el cual inició en septiembre pasado. Especialistas en la materia, incluyendo a miembros de la Red por la Rendición de Cuentas y a la propia Red, participaron en el procesos de análisis que llevaran a cabo las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, planteando propuestas y preocupaciones que hoy se ven incorporadas en el dictamen. http://www.senado.gob.mx
Por último, en los primeros días de la semana, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó seis líneas de acción de su gobierno en materia de seguridad y justicia: planeación, prevención, respeto a los derechos humanos, coordinación, transformación y evaluación. La llamada “Política de Estado en materia de seguridad pública”, que involucra y requiere la coordinación del Estado y todas sus partes, según lo señalado por el Presiente Peña Nieto, “será evaluada en cada una de las acciones contempladas, con indicadores claros, medibles y transparentes, que sirvan a la ciudadanía para calificar el desempeño de las autoridades”. La evaluación será utilizada para retroalimentar y, de ser el caso, ajustar dicha Política de Estado. Lo importante, dijo el jefe del Ejecutivo, “es dar resultados, tranquilidad y paz”.
