En los primeros días de septiembre –mes patrio- de este año, la rendición de cuentas fue tema protagónico en el país debido a las iniciativas de reformas legislativas presentadas en las recién instaladas legislaturas del senado y la cámara de diputados y a la difusión de otras iniciativas por parte de nuestro futuro presidente. No voy a repetir en estas líneas, las interesantes y bien fundadas reflexiones que ha hecho la Red por la Rendición de Cuentas y varios de sus integrantes en lo individual, pero sí quiero sumarme a la preocupación general y lanzar, una vez más, una alerta sobre la necesidad de una rendición de cuentas integral, eficiente y eficaz y el riesgo de retrocesos a lo ya conseguido en este ámbito.

Cual Casandra, insisto en el peligro de utilizar al ordenamiento jurídico como el único medio para obtener resultados, en el incumplimiento del principio de seguridad jurídica al reformar demasiadas veces las leyes sin tener un diagnóstico claro y de mediano plazo sobre su aplicación, en la falta de una perspectiva federalista de nuestro sistema jurídico, en la ausencia de una técnica legislativa que permita la armonización de normas conexas pero dispersas en diferentes cuerpos y ordenamientos jurídicos y, lo más grave, en la pérdida del antropocentrismo que todo Estado de Derecho debe tener, con sus reflejos en el bienestar individual y en el colectivo tanto para la presente generación como para las futuras.

En el caso particular de la rendición de cuentas de los recursos públicos, la iniciativa de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, enviada casi al final de su mandato por Felipe Calderón Hinojosa y la propuesta para crear una Comisión Nacional Anticorrupción de Enrique Peña Nieto, tienen dos puntos coincidentes; por un lado, el reconocimiento expreso de las deficiencias de la cuestión y por otro, ambas están muy distantes de establecer un sistema nacional, omnicomprensivo, del control y rendición de cuentas de los recursos públicos del país; aunque incidan en algunas etapas de la actividad financiera pública y el gasto federalizado, hay diversos recursos que todavía son generados (o perdidos), distribuidos, administrados y gastados bajo la discrecionalidad, la opacidad, la ineficiencia y en los casos de mal uso y corrupción, resguardados por la impunidad que genera la falta de responsabilidades y sanciones.

La rendición de cuentas de las haciendas públicas de un Estado federal, como el que pretende tener México, no se agota con ciertas luces sobre la contabilidad gubernamental, la cual todavía está desordenada en algunos estados y muchos municipios, ni con otra agencia pública con intenciones sancionatorias que desvía la atención de la reforma pendiente al Ministerio Público y las Procuradurías de Justicia. Áreas de oportunidad ya detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y el IFAI, problemas como el del secreto fiscal, la mala gestión financiera de los gobiernos estatales y municipales, que abarca a sus propios recursos (además de los transferidos) el sistema aduanero, organismos financieros públicos, ni siquiera son mencionados en las propuestas o si lo son, siempre queda limitado el acceso a la información y con una corta rendición de cuentas, es decir, sin incidencia en la toma de decisiones financieras ni sanciones reales a los servidores públicos corruptos.

Pasan los trienios de los gobiernos municipales, los sexenios de los gobiernos estatales y federales, vienen las entregas-recepciones, aparecen los escándalos de desviación de recursos y corrupción, seguidos de las descalificaciones y finalmente, surgen las deslumbrantes iniciativas que vuelven a poner el tema en el centro del debate público: una rendición de cuentas integral y efectiva pero que continúa sin suceder, tal vez, por malos hábitos del sector público mexicano como dar soluciones únicas sin una valoración adecuada, no medir consecuencias, actuar sin consensos y reinventar la administración pública con cada nuevo gobierno en lugar de mejorar los sistemas y sus procedimientos. Sin embargo, un sistema nacional del control de recursos públicos, como el de Honduras y otros ejemplos, y una rendición de cuentas como buen hábito del gobierno y sus funcionarios, no deben dejar de ser una exigencia de quienes estamos interesados –y esperanzados- en que México sea un buen lugar para nuestros hijos.