Por: Viridiana Ríos
El #Anticorruptómetro es un cronómetro digital disponible en www.mexicocomovamos.mx, que permite contar el número de días, horas, minutos y segundos que tarda cada estado en aprobar el SNA. Fue ideado por seis organismos de la sociedad civil (CEEY, Imco, Mexicanos Primero, México ¿Cómo Vamos?, México Evalúa y Transparencia Mexicana) y puede ser pegado en la página web o blog de cualquier ciudadano, simplemente copiando una línea de código libre.
La intención de la sociedad civil es clara: mostrar qué estados están dispuestos a aplicar un marco jurídico adecuado para luchar contra la corrupción, y cuáles le tienen miedo.
De ser aprobado el SNA dejará al país con cambios importantes.
A nivel federal, el SNA nos dejaría con (1) una Fiscalía Anticorrupción que podrá investigar casos relacionados con corrupción; (2) una Auditoría Superior de la Federación (ASF) que podrá auditar dinero público en tiempo real (no como antes, que tardaba 1.5 años en entregar resultados); (3) una Secretaría de la Función Pública cuyo titular es ratificado por el Senado (no sólo por el Presidente); y (4) un Tribunal Administrativo que podrá juzgar a funcionarios públicos y particulares por corrupción.
A nivel estatal, aprobar el SNA implicaría que las participaciones que reciben los estados podrán ser auditadas por la Federación, y no sólo por sus auditores estatales como lo era hasta ahora.
Permitir la auditoría federal es un cambio importante porque los auditores estatales generalmente no son independientes. Ello se debe a que a pesar de ser ratificados por los congresos locales, en casi todos los estados el Congreso es controlado por el mismo partido del gobernador. Así, quien audita el gasto del gobernador termina siendo poco exigente con éste. De hecho, en todos los estados excepto Sinaloa, Chiapas, Oaxaca y Nuevo León (sin contar Michoacán), el partido del gobernador controla la facción más grande del Congreso local. En 14 estados esta mayoría es de más de 50% y, en Coahuila, el caso más extremo, es del 64 por ciento.
Ahora bien, aprobar el SNA es sin duda un avance, pero no es la panacea. Nos deja con al menos tres grandes pendientes:
Primero, en el SNA no se eliminó el fuero de los funcionarios públicos. Ello impide que podamos juzgar a la clase política mientras está en el poder lo que se ha vuelto de facto una forma de permisividad a la impunidad. Así, #FueraElFuero debe ser la siguiente lucha a abanderar.
Segundo, aún falta la definición de leyes secundarias y de la letra chica de la ley. Es ahí donde se definirán conceptos claves como qué es un conflicto de interés y cómo se implementarán las sanciones. Así, #AtenciónLetraChica debe ser el letrero precautorio del SNA.
Tercero, aprobar el SNA no implica una solución inmediata a los problemas de corrupción porque ninguna auditoría que detecte irregularidades es suficiente si ésta no se traduce en un castigo. Es la impunidad el principal veneno de cualquier legislación. Y la impunidad, desafortunadamente, aún tiene mucha fuerza. En un análisis que hizo la ASF sobre el gasto federal de 2014 y que dio a conocer en febrero de este año, se hizo del conocimiento de todos la existencia de notorios casos de malversaciones de fondos a nivel estatal y de contratos ilegales por parte de universidades estatales. Aun así, aun con la evidencia en la página de internet de la ASF, no ha habido quien caiga. No hay culpables, sólo indignación por parte de sociedad civil y prensa. Así, #Implementar será la verdadera lucha. Convertir las leyes en realidades.
La lucha contra la corrupción apenas comienza. Un primer paso es aprobar el SNA en los estados, para ello tenemos el #Anticorruptómetro caminando. Sin embargo, el paso más importante será aplicar esta ley. A todos. Sin excepciones. Caiga quien caiga.
Fuente: Excélsior
