El primer reporte de monitoreo de políticas anticorrupción de la Comisión de la Unión Europea publicado el día de ayer arroja pistas sobre el debate que actualmente se desarrolla en México. El punto de partida es que además de los ya sabidos efectos negativos generados por la corrupción en cuanto a la disminución de la confianza ciudadana, la ausencia de legitimidad política, la falta de competencia económica, la desigualdad social y el escaso crecimiento, se estima que ésta genera en promedio un costo económico en la región de 120 mil millones de euros al año.
Ante esto, la Comisión Europea se ha dado a la tarea de monitorear y asesorar a los países miembros sobre las medidas adoptadas en materia de combate a la corrupción. En este reporte se documenta qué tipo de acciones han tenido más éxito, cuáles han fracasado y cuál es la situación actual de cada uno de los países subrayando que en general, “las intenciones declaradas están todavía muy lejos de obtener resultados concretos y aún falta una auténtica voluntad política para erradicar la corrupción”.
En general, la Comisión resalta la relevancia de medidas destinadas a coordinar instancias y esfuerzos multisector (instituciones autónomas, sociedad civil, sector empresarial, diversos niveles de gobierno) la inclusión de mecanismos de control, seguimiento y evaluación y la planeación a largo plazo.
Los ejes temáticos en los que se enfoca el monitoreo de la Comisión Europea son: a) la dimensión política, b) los mecanismos de control y prevención, c) la represión de la corrupción y d) las áreas de riesgo. La rendición de cuentas política y las medidas para regular las compras públicas son mencionados como áreas clave para una política efectiva de combate a la corrupción.
En el apartado destinado a analizar la represión de la corrupción se destina una parte a las agencias anticorrupción. Ahí se señala que aunque las agencias anticorrupción han sido un fenómeno de moda y han probado no ser la panacea, la efectividad de algunas acciones han dependido de la garantía de independencia política, la meritocracia de sus integrantes, la colaboración multidisciplinaria con otras instituciones, el intercambio y acceso a bases de datos y la existencia de recursos económicos y humanos adecuados. Sin embargo, ninguno de los casos-país de la Unión Europea han contado con todos estos elementos. De esta manera, en algunos casos las agencias anticorrupción han resultado ser el punto de quiebre para otras medidas, mientras que en otros, los órganos especializados han generado dispersión de esfuerzos, mínimo impacto y exclusión de responsabilidades.
Sería lamentable que México perdiera la oportunidad de lanzar una estrategia más amplia de combate a la corrupción. El contexto es ideal para una receta propia que responda al contexto y necesidades nacionales. Ver reporte completo aquí: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf
Corolario: Bárbara Botello, alcaldesa de León, es la nueva presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México. En su toma de protesta lanzó los 5 nuevos retos de las instituciones municipales. Todos ellos están orientados a fortalecer a los municipios, a retornarles su vocación representativa y a terminar con áreas de discrecionalidad que han propiciado los escandalosos “moches”. Ojalá y lo logren.
