El “derecho a la verdad” ha sido reconocido por diferentes ordenamientos internacionales sobre derechos humanos como aquél que se enmarca en el derecho más amplio a acceder a la justicia, particularmente en los casos de desaparición forzada de las personas. Se trata de un derecho que pone el énfasis en el sufrimiento causado a los familiares de las víctimas, a quienes se les reconoce que deben tener información sobre cuál fue el paradero de los cercanos desaparecidos, o en caso de asesinatos, saber en dónde están sus restos.
Para cumplir este derecho, individual y colectivo, de los familiares, los tribunales internacionales han establecido que los Estados tienen la obligación de realizar investigaciones eficaces para esclarecer las violaciones infringidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias que señalan que “la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos” (CIDH, 27 feb. 2002)
El gravísimo caso del asesinato de 6 personas, entre ellas 3 estudiantes y un menor de 15 años, uno de los cuales presentó signos de tortura y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ha venido a condensar de manera dramática la fractura de nuestro estado de derecho y las deficiencias de nuestras instituciones encargadas de procurar justicia. Hoy, las múltiples manifestaciones de protesta y los pronunciamientos públicos de distintos grupos sociales, coinciden en señalar que lo ocurrido en Guerrero es absolutamente inaceptable y censurable, centrándose en la demanda de que aparezcan con vida los desaparecidos, que se identifique y se castigue a los responsables y se tomen medidas eficaces para restablecer la seguridad pública en la entidad. Menos atención ha recibido la exigencia del “derecho a la verdad” de los familiares de las víctimas de estos sucesos en los que participó la policía municipal de Iguala en franca complicidad con grupos del crimen organizado.
Los comunicados de diferentes organismos internacionales han resultado particularmente incisivos en subrayar la responsabilidad del Estado en los alarmantes acontecimientos de Ayotzinapa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que este caso, junto con el de Tlatlaya de junio pasado, ponen en entredicho la veracidad de las políticas públicas del gobierno mexicano respecto de la protección y garantía de los derechos humanos.
Es más contundente el comunicado del pasado 10 de octubre de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, elaborado por un grupo de expertos en violaciones por desapariciones forzadas. Además de señalar que la investigación es una prueba crucial de la capacidad y la voluntad del Estado mexicano para lidiar con violaciones graves de derechos humanos, agrega que esto no es una circunstancia excepcional, pues “…durante años se ha identificado la impunidad que prevalece en México en caso de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas y se han resaltado las deficiencias en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas…”
Los expertos instaron a las autoridades mexicanas a dar con el paradero de los desaparecidos para arrojar plena luz sobre los hechos y proteger a los familiares de las víctimas y a todos los que están apoyando los esfuerzos por determinar la suerte de los desaparecidos.
Es cierto que el “derecho a la verdad” se ha invocado particularmente en el caso de masivas desapariciones forzadas del pasado, sin embargo, en nuestras circunstancias actuales, es imperativo voltear los ojos a los derechos de los familiares de las víctimas y a la obligación del Estado a informarles sobre la suerte de los desaparecidos que son sus seres cercanos.
Fuente: El Universal
