La falta de rendición de cuentas y el manejo de la política social con criterios político-electorales han generado múltiples iniciativas destinadas a aumentar la efectividad de las acciones destinadas a combatir la pobreza en México. Cada año se destinan más recursos pero no por ello tenemos mejores resultados.
La evolución de mecanismos destinados a transparentar el ejercicio del gasto en la materia es significativa, sin embargo, como si el fantasma de Pronasol todavía circulara por las mentes de quienes diseñan los programas sociales, prevalecen ocurrencias en el diseño, inercias en el gasto y falta de rendición de cuentas por los resultados. Así lo demuestra la última edición de la iniciativa para el fortalecimiento de la institucionalidad de programas sociales (IPRO) desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia Mexicana. Se trata de una plataforma web que promueve los datos abiertos y accesibles a la ciudadanía, en la que los responsables de los programas sociales tanto en las entidades federativas como en las dependencias federales, publican información relevante que permite hacer una especie de autodiagnóstico.
El IPRO fue lanzado por primera vez en 2008, se basa en 20 reactivos organizados en cuatro dimensiones y trata de medir el nivel de institucionalidad de los programas sociales. Las dimensiones consideradas son: a) reglas de operación y otros lineamientos, b) mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, c) mecanismos de control y de fiscalización y d) mecanismos de participación social.
Los resultados dados a conocer la semana pasada muestran que de los 2002 programas sociales considerados (75 federales y 1927 estatales) poco más de la mitad publican su presupuesto. La brecha entre estados y federación es muy amplia ya que 93.3% de las dependencias federales que participaron en el ejercicio lo hacen contra sólo el 53.6% de las entidades federativas. En cuanto a la fiscalización accesible a la ciudadanía, el 86.7% de los programas sociales federales reportan que hacen público un informe del ejercicio del gasto contra 57.1% de las entidades federativas.
Lo mismo sucede con la evaluación: el 97.3% de los programas federales reportan mecanismos contra el 48.9% de las entidades federativas. Finalmente, los mecanismos de participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de los programas son acotados y escasos ya que en este rubro sólo 41.6% del total cuentan con éstos. (http://www.programassociales.
La plataforma IPRO es un ejercicio interesante de cómo transparentar información socialmente útil a la ciudadanía. También, los resultados, muestran la concepción limitada que tienen algunos gobernantes sobre el manejo de la política social ya que sin diagnóstico, sin criterios adecuados de asignación y ejercicio del gasto, sin evaluaciones pertinentes y sin mecanismos de control ciudadano no podrá haber rendición de cuentas.La falta de rendición de cuentas y el manejo de la política social con criterios político-electorales han generado múltiples iniciativas destinadas a aumentar la efectividad de las acciones destinadas a combatir la pobreza en México. Cada año se destinan más recursos pero no por ello tenemos mejores resultados.
La evolución de mecanismos destinados a transparentar el ejercicio del gasto en la materia es significativa, sin embargo, como si el fantasma de Pronasol todavía circulara por las mentes de quienes diseñan los programas sociales, prevalecen ocurrencias en el diseño, inercias en el gasto y falta de rendición de cuentas por los resultados. Así lo demuestra la última edición de la iniciativa para el fortalecimiento de la institucionalidad de programas sociales (IPRO) desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia Mexicana. Se trata de una plataforma web que promueve los datos abiertos y accesibles a la ciudadanía, en la que los responsables de los programas sociales tanto en las entidades federativas como en las dependencias federales, publican información relevante que permite hacer una especie de autodiagnóstico.
El IPRO fue lanzado por primera vez en 2008, se basa en 20 reactivos organizados en cuatro dimensiones y trata de medir el nivel de institucionalidad de los programas sociales. Las dimensiones consideradas son: a) reglas de operación y otros lineamientos, b) mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, c) mecanismos de control y de fiscalización y d) mecanismos de participación social.
Los resultados dados a conocer la semana pasada muestran que de los 2002 programas sociales considerados (75 federales y 1927 estatales) poco más de la mitad publican su presupuesto. La brecha entre estados y federación es muy amplia ya que 93.3% de las dependencias federales que participaron en el ejercicio lo hacen contra sólo el 53.6% de las entidades federativas. En cuanto a la fiscalización accesible a la ciudadanía, el 86.7% de los programas sociales federales reportan que hacen público un informe del ejercicio del gasto contra 57.1% de las entidades federativas.
Lo mismo sucede con la evaluación: el 97.3% de los programas federales reportan mecanismos contra el 48.9% de las entidades federativas. Finalmente, los mecanismos de participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de los programas son acotados y escasos ya que en este rubro sólo 41.6% del total cuentan con éstos. (http://www.programassociales.
La plataforma IPRO es un ejercicio interesante de cómo transparentar información socialmente útil a la ciudadanía. También, los resultados, muestran la concepción limitada que tienen algunos gobernantes sobre el manejo de la política social ya que sin diagnóstico, sin criterios adecuados de asignación y ejercicio del gasto, sin evaluaciones pertinentes y sin mecanismos de control ciudadano no podrá haber rendición de cuentas.
