El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ha seguido aportando razones para demostrar la urgencia de aprobar la reforma constitucional de transparencia en los términos de la minuta elaborada por los Senadores y que de manera sorpresiva desinflaron los Diputados (se suponía era un acuerdo del Pacto por México).
Ademas, el IFAI pretende influir en la mejor versión de los trabajos parlamentarios interrumpidos. Los comisionados Gerardo Laveaga, Jacqueline Peschard, María Elena Pérez-Jaén, Sigrid Arzt y Ángel Trinidad, deben “remar juntos” en esta etapa para enviar señales de una colegialidad funcional y evitar servir de pretexto a los que desean congelar la reforma o frenar sus alcances sin sustento alguno.
Los legisladores escépticos pueden volverse penosamente tibios al riesgo de sacrificar la mejor propuesta, contagiados por los opositores de adentro y de afuera del Poder Legislativo que consideran preocupante la ruta progresiva de la transparencia.
Estos días el IFAI ha emitido resoluciones de alto impacto mientras ha exigido a la PGR que revele cuántas fosas (enterramientos indebidos de restos humanos) tiene registradas en los últimos 13 años y con base en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares, requirió a Telmex informes sobre elementos para aclarar un supuesto mecanismo de espionaje en la red de usuarios asunto conocido como FinFisher.
En ambos casos, el IFAI asume el costo de acreditar que sería apto para merecer su transformación en organismo constitucional autónomo: “órgano garante” del derecho a la verdad en una sociedad que no puede consentir “fosas clandestinas”.
No hay fosas ilegales; todas son indebidas e inadmisibles (las hayan construido paramilitares, narcotraficantes o agentes públicos: mandos policiacos o castrenses coludidos con el hampa o susceptibles de las funestas prácticas de los regímenes totalitarios).
Tampoco en una democracia es aceptable el espionaje telefónico, salvo el que admite la ley para la procuración o impartición de justicia (situaciones excepcionales), por tanto, Telmex deberá permitir las indagatorias del caso FinFisher y, en su caso, las consecuencias.
No bastará saber cuántas fosas con restos humanos ha localizado la PGR; es preciso que se conozca con procedimientos científicos la identidad de esas víctimas de la violencia estructural que flagela a la población mexicana.
El espionaje telefónico genera bases de datos de información confidencial conseguida y almacenada de modo ilegal. Hablando de fosas, esos registros de espionaje público o privado equivalen a “fosas virtuales” , cementerios de fragmentos de la vida privada de los titulares de esa información.
