En uno de los pasajes de Alicia en el País de las Maravillas, Humpty Dumpty (Zanco Panco) o mejor conocido como Cara de Huevo mantiene el siguiente diálogo con Alicia:
-“Cuando yo uso una palabra”, dijo Humpty Dumpty en un tono bastante desdeñoso, “ella significa exactamente lo que quiero que signifique: ni más ni menos”.
-“La pregunta es”, dijo Alicia, “si puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes”.
-“La pregunta”, dijo Humpty Dumpty, “es saber quién va a mandar – sólo eso”.
El diálogo entre el personaje y la niña victoriana refleja cómo el uso arbitrario del lenguaje puede llevar al absurdo de la incomprensión. El relato viene a cuento porque el día de mañana, se instalará formalmente el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales. Integrado por el INAI, el AGN, el INEGI, la ASF y los órganos garantes de transparencia de los estados, este ejercicio coloca la “primera piedra” de la política pública de transparencia que se desarrollará de manera transversal en toda la administración pública mexicana.
Los retos son enormes, sin embargo, uno de ellos será lograr que la información de interés público sea cada vez más accesible y comprensible para la ciudadanía.
Con ello, además de la elaboración de lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos y modelos que habrán de ser evaluables, el Sistema Nacional de Transparencia habrá de promover una nueva cultura en la utilización del llamado “lenguaje ciudadano”.
El desafío no es nuevo ni exclusivo de México. Surgidas inicialmente en el campo del derecho y como una inquietud para brindar mayor certeza jurídica, desde hace más de 40 años, diversas iniciativas han promovido el uso del lenguaje llano (plain language) conocido también como lenguaje ciudadano, generando un auténtico movimiento internacional. Se trata de la forma en la cual las instituciones de gobierno o las empresas formulan mensajes claros y sencillos para lograr mayor eficacia, transparencia y ahorro en recursos de comunicación. Su vinculación con la rendición de cuentas tiene que ver con lo que Pierre Rosanvallon llama la “legibilidad de los gobiernos”, es decir, la capacidad de contar con información que permita comprender las causas que motivan las decisiones y el actuar público evitando, como sucede ahora, que los políticos “confisquen la palabra”.
Una de las iniciativas más vanguardistas al respecto data de 1976 en Suecia, cuando el gobierno se lanzó a la modernización del lenguaje en leyes, decretos y documentos normativos. Esto originó un grupo llamado el Plain Swedish Group el cual ha desarrollado una política de información y comunicación al respecto. En otros países como Gran Bretaña y Francia, las instituciones vinculadas al servicio civil público han generado instancias como el UK Plain Language Commission o el Comité para la orientación y la simplificación del lenguaje administrativo (COSLA por sus siglas en francés) las cuales han hecho propuestas para la mejora del lenguaje y la promoción de una interacción sencilla pero sobre todo igualitaria entre gobierno y ciudadanía. Organizaciones civiles como Clarity, PLAIN, el Centro para el Lenguaje Claro, Lectura Fácil, el programa FOSIP en Argentina, Descomplica Brasil o la Asociación Internacional del Lenguaje Llano –con más de 204 miembros- han logrado avances que sin duda habrá de considerar y adaptar al contexto mexicano para evitar que la incomprensión, confiscación o la distancia sigan marcando la relación entre gobierno y ciudadanía.
