Se espera que en otoño 2013 se discutan e, idealmente, se aprueben reformas que detonarán mayor crecimiento económico y propiciarán un funcionamiento mucho más eficiente de nuestra democracia. La aprobación de la reforma educativa y la ley en materia de telecomunicaciones fue un gran logro de la pasada legislatura. Sin embargo, quedaron en el tintero importantes reformas para llevar al país por el rumbo correcto.

Según el calendario del Pacto por México, se esperaba que varias reformas fueran aprobadas entre el año pasado y el primer semestre de 2013 e incluso algunas deberían estar ya en fase de implementación a estas alturas del año, entre ellas: la reforma para la rendición de cuentas contables (sic), la reforma al IFAI y órganos locales de transparencia, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y sus homólogas en los estados, la  Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y municipios con el objetivo de controlar el excesivo endeudamiento y la eliminación del fuero a todos los servidores públicos.

Para el segundo semestre de este año, el Pacto tiene contemplada la presentación de una Reforma Hacendaria de gran calado que incluye el fortalecimiento del federalismo fiscal y de la capacidad financiera del Estado. No obstante, llama la atención que en el calendario del Pacto se contemple que para la implementación de algunas reformas y/o políticas públicas es necesaria la aprobación de una Reforma Hacendaria, pero no al revés. Me explico: queda claro que es casi imposible incrementar la cobertura en educación, mejorar la infraestructura del país, reformar los cuerpos policíacos, asegurar acceso universal a salud o ampliar programas sociales sin los recursos públicos necesarios para fondearlo. Pero la lógica también opera a la inversa, pues las reformas en materia de transparencia, rendición de cuentas y controles a la corrupción del país son a su vez prerrequisitos para la implementación de la Reforma Hacendaria.

Si revisamos algunos de los casos más emblemáticos de corrupción, abuso y desvío de recursos públicos en los últimos seis años, la mayor parte se concentra en el nivel local. Peor aún, ninguno de ellos parece haber tenido consecuencias visibles para los funcionarios involucrados, ni para su partido político, pues en muchas ocasiones refrendaron su victoria en los procesos electorales locales. Vale la pena revisar con cuidado el Cuadro 1, que presenta información del nivel de deuda por habitante, indicadores de transparencia en información estatal, corrupción en trámites, calidad de la legislación estatal en materia de fiscalización y rendición de cuentas y algunos casos emblemáticos de corrupción en los últimos años.

Resulta interesante cruzar los datos que muestra ese cuadro, pues si bien Coahuila es el estado más endeudado (1er lugar en deuda per cápita) y casi el último en materia de transparencia en información presupuestaria, en los rankings de corrupción en trámites y legislación en materia de fiscalización ocupa un lugar intermedio respecto al resto de las entidades federativas. Como contraste, Colima, el estado con mejores estándares de información presupuestaria, presenta también buenos resultados en materia de corrupción, pero no sale tan bien librado en la calidad de su normatividad en fiscalización. Una lectura cuidadosa de los datos apunta no sólo a la enorme heterogeneidad entre estados sino a la realidad política de que una buena legislación es inocua si no es implementada de forma efectiva y correcta.

Cuadro. 1. Deuda, corrupción y transparencia en gobiernos locales

Fuente: Elaboración México Evalúa, 2013.

La tabla está ordenada por el nivel de deuda per cápita. Deuda per cápita (1-/32+): con información de Reforma para todas las entidades federativas en 2012, febrero 2013. Ranking Transparencia (1+/32-): con información del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) IMCO, 2012.Ranking Corrupción (1-/32+): con información del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, Transparencia Mexicana. Fiscalización y Rendición de Cuentas (1+/32-): con información del Ranking de Normatividad estatal CIDAC, 2011. Acusaciones a gobernadores: esta categoría incluye acusaciones a gobernadores y/o colaboradores suyos por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, endeudamiento excesivo a su estado e, inclusive, nexos con el crimen organizado; con información de fuentes periodísticas. nrr: no hay registro reciente.

Al desvío de recursos públicos evidenciado en muchos gobiernos locales, se suma el endeudamiento excesivo que enfrentan varias entidades federativas en los últimos 4 años. La mayoría de los gobernadores que contrajeron montos de deuda que comprometen a varias generaciones de ciudadanos, ya no ejercen siquiera funciones en sus respectivos estados.

Si bien esta situación, no es exclusiva de ningún partido político ni de los gobiernos locales, la situación en estados y municipios se agrava aún más ante la ausencia y/o debilidad de controles institucionales y políticos para contener prácticas indebidas a nivel local. La falta de independencia de los Órganos de Fiscalización Superior (OFS), la ausencia de contrapesos efectivos al gobernador en los congresos locales y la falta de una cultura de la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos ponen el dedo en la llaga en los gobiernos locales, sobre todo en un escenario de renovación del pacto fiscal federal. Existen múltiples estudios que evidencian la laxitud en la presentación de los presupuestos y las cuentas públicas de los estados, la ausencia de mecanismos efectivos para exigir información a nivel local y la heterogeneidad de la legislación en materia de responsabilidad hacendaria y transparencia entre las entidades federativas (ver Cuadro 1).

Para abonar a esta situación, en marzo de este año se desató una polémica entre la opinión pública ante la posible condonación de Hacienda a estados y municipios del ISR adeudado. Si bien un grupo de ciudadanos se amparó ante esa medida y no sabemos todavía cuál será su desenlace, existen casos de condonaciones particulares a gobiernos locales, tal es el caso del municipio de Naucalpan que tan sólo en esta semana recibió la condonación de 178 mdp de ISR por parte de Hacienda (3 de junio) y la de 3 mil mdp por parte de Conagua por adeudos en la descarga de aguas residuales.

Los mexicanos no estaremos dispuestos a financiar una reforma hacendaria que implique el cobro de más impuestos, mientras el desvío de recursos y el abuso del erario sea la regla y no la excepción entre los gobiernos locales. Si no se acota la discrecionalidad y la impunidad con la que operan recursos públicos los estados y municipios: ¿Con qué confianza otorgaremos mayores facultades tributarias a los gobiernos locales? ¿Con qué legitimidad mantendrán sus facultades de gasto en rubros torales para el desarrollo del país? ¿Qué certeza tenemos que los recursos serán empleados correctamente y que existirán las autoridades para señalarlo y castigarlo?

Urge aprobar las reformas que se quedaron atoradas en el Legislativo como la relativa a la deuda de los estados, el fortalecimiento de facultades al IFAI y definir los términos de la recomposición del sistema anticorrupción del país.

México Evalúa presentará en los próximos meses un estudio enfocado en la transparencia fiscal y la eficiencia de los egresos como insumo para ordenar e informar el debate hacendario y presupuestal que tendrá lugar en el Legislativo en el siguiente periodo de sesiones. En este debate, el orden de los factores sí altera el producto, pues sin reformas que transparenten y hagan más eficiente el uso del presupuesto, la reforma hacendaria no debería ser discutida, y mucho menos aprobada, por nuestros legisladores. En esta materia, los ciudadanos, principales accionistas del Estado, no estamos dispuestos a transigir.

Fuente: Mariana García, Investigadora en el Programa de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa / Animal Político