Peter Winkel*

Programa de Democracia Participativa

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC

• Como candidato a la presidencia (2012) Enrique Peña Nieto enfatizaba la necesidad de combatir la corrupción y para ello propuso la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción que sustituye a la Secretaría de la Función Pública,  con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades por actos de corrupción.

• La propuesta de dictamen enviado por el Senado a la Cámara de Diputados será discutida probablemente en septiembre u octubre del año en curso, a casi dos años de su anuncio. La propuesta ha recibido severas críticas de juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de los que forman parte de la Red por la Rendición de Cuentas.

Antecedentes

Combatir la corrupción ha sido un tema recurrente y varios presidentes lo tomaron como su bandera. En el marco de la renovación moral, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (a partir de 2003 bautizada como la Secretaría de la Función Pública-SFP); el presidente Vicente Fox Quezada (2000-2006) anunció que iba a “cazar peces gordos” y para el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) atacar la corrupción era un asunto prioritario.  

Aunque las funciones de la SFP son precisamente las de vigilar, controlar, investigar, aplicar sanciones administrativas y establecer una política general de transparencia y rendición de cuentas, Felipe Calderón anunció en septiembre de 2009 su desaparición dado las fuertes críticas que esta dependencia había recibido y como medida de austeridad en el marco de la crisis financiera internacional.

Desde hace casi 2 años la SFP está en proceso de desaparición para dar lugar a la Comisión Nacional de Anticorrupción (CNA), que será un órgano constitucionalmente autónomo. Para que ello suceda, se necesita una reforma de los artículos constitucionales y legales que dieron existencia jurídica a la SFP.

La iniciativa para reformar la constitución fue presentada en la Cámara de Senadores de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM el 15 de noviembre de 2012. Posteriormente también el PRD y el PAN presentaron sus iniciativas. A lo largo del 2013 las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos han consultado a especialistas en la materia, entre los que destacan integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas. Pero a diferencia de la reforma al Artículo 6º de la Constitución, en esta ocasión los senadores no han tomado en cuenta las muchas recomendaciones emitidas en las reuniones de consulta. 

El 13 de diciembre, la propuesta de dictamen fue aprobada con 111 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. La Minuta fue recibida en la Cámara de Diputados el 14 de febrero de 2014 y turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Transparencia y Anticorrupción.

Debido a la dinámica desarrollada en el Senado en el primer periodo ordinario, los legisladores dieron mayor prioridad a otras reformas constitucionales y leyes secundarias (competencia económica, telecomunicaciones, reforma política-electoral) que al tema de anticorrupción. Sin embargo, contrasta la celeridad con la que el año pasado fueron aprobadas sin mucha discusión las reformas constitucionales en materia laboral, educativa y sobre todo la energética. 

Algunas consecuencias de la desaparición de la SFP   

En distintos espacios, como los foros que la Red por la Rendición de Cuentas organizó, pudimos escuchar críticas en relación a la decisión de la desaparición de la SFP la cual consideran es poco afortunada por varias razones:

1. Dos funciones importantes de la SFP como a) recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y b) dirigir, organizar y operar el Sistema del Servicio Profesional de Carrera quedan ahora en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero en esencia no deberían de formar parte de sus atribuciones y funciones por la naturaleza misma de la SHCP.
2. En el proyecto de dictamen del Senado se prevé que los órganos internos de control serán nombrados  por el titular de cada dependencia. Es difícil de imaginar que un contralor interno de una dependencia actúe en contra de su jefe que le ha nombrado y es de temer el uso político de dicho contralor para eliminar a los adversarios del titular.
3. Sustituir la SFP por una CNA con facultades limitadas sin que contribuya a una desfragmentación institucional que permita un sistema de rendición de cuentas más eficaz, quedaría solamente en esto: la sustitución de una dependencia por otra sin atacar a fondo las múltiples causas y manifestaciones de la corrupción.
4. A pesar de estas desventajas, lo que probablemente más ha pesado son las notorias ineficiencias y omisiones de la SFP, así como el incumplimiento de varios requisitos establecidos en diversos tratados internacionales [1]  durante los últimos dos sexenios para combatir la corrupción y que empujó al gobierno de Enrique Peña Nieto a proponer en su lugar una Comisión Nacional Anticorrupción.     

Algunas sugerencias

Suscribimos enteramente las propuestas formuladas por la Red por la Rendición de Cuentas [2] y la mayoría de aquellas vertidas en el Foro “Cambios constitucionales a la Comisión Anticorrupción: una propuesta desde la academia y la sociedad civil”, organizado por la misma Red y la Fundación Driedrich Ebert, el viernes 25 de marzo de 2014.  No es nuestra intención repetirlas, pero queremos enfatizar tres aspectos que a nuestro parecer son de suma importancia:

1. En alguna ocasión el economista Robert Klitgaard expresó en una fórmula el entorno que propicia a la corrupción: C=M+D-Orc: Corrupción es igual a Monopolio de las decisiones más Discrecionalidad menos la Obligación de rendir cuentas. Es importante considerar la corrupción como un fenómeno sistémico: son las instituciones débiles y las fallas regulatorias las que fomentan o previenen actos de corrupción. Dicho de otra forma: es la ocasión la que hace al ladrón. Es importante que el nuevo órgano que combata a la corrupción no se limite solamente a las consecuencias de la corrupción y la persecución de servidores públicos. Es imperativo que se dedique sobre todo a las causas y la prevención de la corrupción.  Para poder establecer una política preventiva se necesita contar con un diagnóstico preciso de la problemática, que permita determinar las causas que lo provocan, una descripción amplia de las formas de corrupción y un mapeo claro de los vacíos regulatorios e institucionales.
2. Para poder establecer una política preventiva así como contar con los mecanismos y controles necesarios para reducir eficazmente actos de corrupción, el órgano anticorrupción puede apoyarse en las convenciones internacionales ratificados por México y las recomendaciones específicas, como:

• la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (1996) 
• la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), también llamado la Convención de Mérida, o
• la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (1997) [3].

Vale subrayar que el órgano debe ser independiente de todos los Poderes y que sus recomendaciones sean vinculatorias:

1. El nuevo órgano anticorrupción debería fomentar activamente la participación ciudadana y el control social. Por principio, podría robustecer “el buzón de quejas y denuncias” desarrollado por la SFP, convirtiéndole en un verdadero sistema que da seguimiento a las quejas o denuncias, responde oportunamente al quejoso, informa del avance y en qué terminó la investigación. Asimismo, debería permitir denuncias anónimas y ofrecer protección legal y jurídica a los denunciantes, de ser necesario. Por último, el H. Congreso de la Unión debe elaborar una ley que proteja a los funcionarios públicos que son testigos o denunciantes de un acto de corrupción, tal como se establece en la Convención de Mérida, una más de las recomendaciones que México recibió y que aún no ha cumplido.

Si existe la voluntad política para combatir la corrupción, si la Cámara de Diputados es sensible a los reclamos de los ciudadanos y si realmente quiere cumplir con las diversas convenciones internacionales de prevención y combate a la corrupción, todas ratificadas por el Estado mexicano, dejará a un lado la tibieza y modificará sustancialmente la Minuta del Senado, tomando en cuenta las recomendaciones de la Red por la Rendición de Cuentas.

México puede ser considerado un referente en cuanto a los mecanismos de acceso a la información pública, pero no así en cuanto a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 

México sigue en deuda con sus ciudadanos.