La Ley General de Transparencia, aprobada por el Congreso de México la víspera, es un avance para combatir la corrupción, pero el desafío real es su implementación, dijo este viernes a Sputnik Nóvosti la coordinadora del programa de Rendición de Cuentas de la organización independiente Fundar, Justine Dupuy.
La ley que fue aprobada por mayoría en la Cámara Alta, luego de que los senadores habían hecho lo propio el mes pasado —y será promulgada por el Presidente Enrique Peña-, “ha subsanado los serios obstáculos al derecho a la información y transparencia”, dijo la responsable de Fundar, una organización civil plural e independiente que promueve los principios de horizontalidad y transparencia.
Entre los avances, la experta menciona que la nueva ley aumenta de 13 a 49 la cantidad de obligaciones que deben cumplir los funcionarios y receptores de fondos públicos; y establece mayor cantidad de sujetos obligados a transparentar la información.
Los mexicanos, medios de comunicación y organismos civiles vigilantes de la rendición de cuentas públicas podrán ahora “conocer cuánto ganan los funcionarios, el monto de los bonos y premios obtenidos, y los gastos en publicidad digital, un tema que tanto hemos peleado por obtener información detallada”, reseñó la responsable de Fundar.
A pesar de que la ley incluso supera algunos modelos internacionales como las reglas promovidas por la OEA y que México se ha destacado por sus marcos legales “todo está aún en el papel y el desafío es aplicarlo; es el corazón del gran reto que se comenzará a ver el próximo año”, advirtió la experta.
No obstante, una virtud de la ley es que parte de un diagnóstico sobre una cultura política que tolera mucho la corrupción y busca “subsanar los problemas concretos y lo que realmente no funcionaba en México”.
La creación del Sistema Nacional de Transparencia, aún debe ser armonizado con las leyes provinciales de los 32 estados que forman el país latinoamericano; falta avanzar en la ley general de archivos y en la protección de datos personales, comenta Dupuy.
Otro tema pendiente es el acceso a información en materia de graves violaciones a los DDHH, que está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia.
También falta resolver qué hacer cuando los agentes obligados decreten la “inexistencia de información”, como ocurrió con la cancelación de la licitación de un tren ligero a un consorcio encabezado por una empresa estatal china, bajo sospecha de conflicto de intereses con la Presidencia.
“Son pequeños pasos que abren más la información sobre el quehacer político, para que las decisiones públicas sean en verdad transparentes”, puntualizó la analista de Fundar.
Los recientes escándalos de mansiones comparadas por el presidente, su esposa y miembros de su gabinete a contratistas del Gobierno han desatado una ola de críticas en la prensa nacional, medios extranjeros y el Congreso…
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