En apenas unos días y poco antes de que inicie el proceso electoral más
complejo de la historia reciente, el régimen de partidos que construimos
con la ilusión de estar abriendo una nueva era democrática para el país,
ha revelado sus peores aristas. Y lo más probable es que esta dinámica
se acreciente hasta el paroxismo durante el 2018.

De entrada, los partidos no sólo han evadido la crítica por el caudal de
dinero que recibirán y recaudarán durante el año próximo, sino que han
logrado desviar la atención mediática hacia el presupuesto que ha
solicitado el INE. La Caja China: frente a un escándalo —afirman los
expertos en comunicación política— hay que construir otro. Dicen los
legisladores que revisarán con lupa cualquier exceso cometido por el
órgano responsable de organizar las elecciones en las que los partidos
serán los protagonistas, pero no añaden que ese dinero se deriva del
abigarrado sistema electoral que ellos mismos han prohijado, como
secuela de sus abusos y sus ambiciones.

De otra parte, han opuesto una resistencia masiva a los acuerdos tomados
por el INE para establecer condiciones más equitativas en la
competencia. El acuerdo del Consejo General, conocido como “cancha
pareja”, probablemente se ha convertido ya en el más impugnado de la
historia electoral del país, tras recibir una andanada de más de 330
recursos interpuestos para evitar que sancione el fraude a la ley, si
los partidos no computan como gastos de campaña para sus candidatos la
compra de propaganda disfrazada de comunicación social o privada, a
partir del próximo 8 de septiembre.

Además, los principales intermediarios políticos del país no han
cumplido —ninguno— con todas las obligaciones de transparencia que les
impone la ley. Hubo tiempo de sobra para honrar ese compromiso que viene
desde 2014 y, sin embargo, a unos días de comenzar la nueva madre de
todas las batallas, los ciudadanos seguimos en la incertidumbre y la
falta de precisión sobre los montos, los orígenes y el uso de ese
dinero. Y, por su parte, todo indica que el Inai, en lugar de zanjar los
problemas burocráticos que han impedido el funcionamiento eficaz de la
plataforma nacional de transparencia y facilitar el derecho a saber de
los ciudadanos, ha preferido sumarse a la cargada política que anticipa
el clima político que viviremos en el 2018.

Y, por si esto fuera poco, también se ha impugnado la reforma propuesta
por Pedro Kumamoto en Jalisco, que buscaba reducir el monto de los
recursos públicos que se entregan a los partidos en esa entidad, en
función del número de personas que efectivamente salen a votar y no de
los registrados en lista nominal, bajo el argumento de que esa regla
local violenta las normas generales de la República. Ni un peso menos,
venga de donde venga.

Aferrados a las prácticas clientelares que han venido perfeccionando —y
que se desplegaron con alas abiertas en las elecciones locales de
Coahuila y el Estado de México— la verdadera atención de los partidos
políticos no está en la confección de propuestas que logren salvar al
país de sus despropósitos, sino en la obsesión compartida por diseñar
estrategias y repartirse candidaturas para ganar como sea la contienda
del año siguiente.

En el camino han venido minando la legitimidad del régimen democrático,
hasta niveles que sólo se comparan con los de Haití. En privado, todos
saben que el país está en riesgo y todos comprenden que la dinámica
patológica que le han impuesto al sistema político está bloqueando la
solución a los problemas públicos que vivimos. Pero su discurso público
y sus decisiones son otras: nadie cede un milímetro, nadie reconoce el
desastre en el que estamos metidos y todos se presentan a sí mismos como
la salvación de la patria. Y allá vamos, atados de manos, al abismo de
la locura.

Fuente: El Universal