Mientras la democracia constituye la luz frente al oscurantismo de los escenarios políticos, el dinamismo ciudadano frente al Proceso Electoral 2015, se inserta en la lógica de búsqueda de los anhelos perdidos, de las promesas incumplidas y de un modelo político, cuya debilidad, es el reflejo de estructuras disfuncionales.
El desarrollo de las campañas político-electorales, revelan la lejanía del tejido social. No tienen el compromiso de hacer del voto programático, el intérprete de los anhelos de justicia y reivindicación del valor de la ciudadanía. El subdesarrollo político y la regresión de algunas fuerzas partidistas, confirman las fronteras entre ciudadanía y gobierno y el encumbramiento de élites que impactan la calidad de la democracia.
Las propuestas de campaña, son el reflejo de simples ejercicios de escritorio. No tienen la madurez de una plataforma política viable, ni son un programa de transformación de la realidad social. El uso de parafernalias melódicas, la descalificación como bandera de lucha, y la demagógica somnolencia del discurso político vacío, son evidencias palpables.
Se ha perdido la esencia de los valores ciudadanos. La clase política y la partidocracia dejan de ser interlocutores válidos de la voluntad del tejido social. Esto ha provocado la autoexclusión, el abstencionismo y la desconfianza ciudadana, dimensiones todas de la crisis de representatividad y legitimidad, cuyo marasmo denota la derrota histórica y el empobrecimiento del proceso electoral. Nadie debe ignorar que la virtud de la democracia, es que más allá de ser un régimen político, es atributo y condición necesaria de la expresión y voluntad del pueblo que no puede ser reducido a comparsa electoral.
Un aliado histórico de la inopia y verticalidad política que han propiciado la exclusión ciudadana, lo constituyen las precarias condiciones de cultura política y a la falta de activismo y organización social, determinantes del frágil rol que ha jugado el tejido social. Esto ha permitido tácitamente que la política se juegue a niveles de élites y grupúsculos, que aprovechando este desacierto ciudadano, han convertido a la sociedad en una masa manipulable, cuya despolitización es la factura de la cuenta corriente de la impunidad y la corrupción, como abusos del poder.
Contrario a esto, es positivo que en los últimos años se marcara el ascenso y vigor de las organizaciones de la sociedad civil, que se han abierto paso ante las lógicas de exclusión política del orden sistémico y conseguido logros significativos en materia de transparencia y anticorrupción. Empero, hay mucho por hacer para replantearle a la ciudadanía, el valor de su participación corresponsable.
No podemos permitir que sigan imperando procesos electorales aletargados, inconsistentes e incongruentes, frente a la responsabilidad histórica que demanda la Nación; ni que en algunas regiones del país, la violencia fratricida se desborde enlutado la convivencia social con los efectos de un radicalismo sin precedentes.
Ello impone el fortalecimiento de los procesos electorales. No basta la actual estructura administrativa del INE. Es necesario replantear la cultura cívica y gestar un nuevo escenario para la construcción de ciudadanía. No podemos darnos el lujo de presenciar la agonía de ningún proceso electoral. La inacción ciudadana, como complicidad tácita, impide la certidumbre del replanteamiento de la calidad democrática y de la cultura de la legalidad, condiciones requeridas para superar la brecha de oportunidades y la recuperación de una sociedad horizontal.
La correlación entre calidad democrática y ciudadanía corresponsable, es un vaso comunicante en la articulación y conducción de las estructuras políticas e institucionales. Entender que no pueden estar disociadas, esgrime la esencia verdadera de la visión de Estado para garantizar a todo ciudadano, el acceso simétrico a las oportunidades que brindan las estructuras culturales, económicas, educativas, de salud y políticas y por ende, favorecer su seguridad humana. Este es el verdadero principio de transversalidad corresponsable, centrado en la colaboración y en la participación ciudadana.
Por ello, nada ni nadie debe violentar el Estado de Derecho como garante de la convivencia y conducción orgánica del Estado. La irrupción de la violencia en el proceso electoral, es quizá la última llamada de atención ante una crisis política, que no se zanja ni se resuelve desde las estructuras administrativas que guían este proceso.
Ante el clima de violencia del proceso electoral, el sistema de partidos, debe refuncionalizar sus estructuras, en el imperativo “sine qua non”, de establecer el voto programático como vanguardia de toda acción partidista, y en evitar una mascarada gatopardista del sistema electoral, pues de no revitalizar su ciudadanización, impedirá consolidar la dimensión de la democracia partidista como esencia de la cultura política de nuestro país.
El dinamismo de las estructuras ciudadanas, comunitarias y vecinales, son la génesis de la microfísica del poder y son cruciales para recuperar la credibilidad y la confianza perdidas. La ciudadanía no puede quedar a la zaga de ningún proceso político. La virtud de resiliencia que presenta como estructura de convivencia humana, es hoy el camino cierto que debe imponerse para alcanzar la armonía y la paz social.
¿Qué mayor impugnación para la calidad de la democracia y el sistema de partidos que las candidaturas independientes?
Hace más de una década, la ciudadanía vitoreaba el ascenso a la transición democrática, la alternancia como forma salubre de una voluntad cumplida en las urnas. Hoy, el alejamiento de esas mismas urnas parece constituir el mayor peligro de nuestra democracia. Perder la fuerza intrínseca de la participación ciudadana en los procesos político-electorales, es el abandono de la racionalidad y civilidad de nuestro sistema político y de gobierno. Perder el rumbo de la civilidad política, es la antesala de una derrota social.
Agenda
- Nuestro país presentó ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, el informe de avances en el cumplimiento de compromisos de la Convención Internacional de esta materia. Destaca la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece el Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Infancia, para coordinar las políticas públicas, mismo que deberá estar listo el próximo junio.
- Los hechos en Chihuahua han puesto en el epicentro de la atención Nacional los derechos del niño y considerar más allá de disminuir la edad penal, la pertinencia de juzgar la realidad social que hemos edificado, que trunca las oportunidades educativas, formativas y económicas de los niños como beneficiarios preferentes.
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