Sin embargo, el gobierno capitalino recibió una observación, la cual generó dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, de acuerdo con el Informe de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento, relacionada con la deuda del GDF, la cual quedó en 61 mil 207 millones, 341 mil 300 pesos.
En la Cuenta Pública 2012, la ASF determinó que el gobierno capitalino pago 708 millones 724 mil 100 pesos por el proyecto de “Implementación del sistema multidisciplinario con censores para los centros de control, comando, comunicación y cómputo; inteligencia e investigación, información e integración SMSC4i4, ciudad segura”, para acondicionar y equipar los siete centros de control de las cámaras de videovigilancia en el DF. Esa erogación significó 111 millones de pesos menos de la cantidad reportada como ejercida, que fue de 819 millones 725 mil 700 pesos. Esa diferencia derivó de sanciones que se descontaron de siete facturas por el atraso en la entrega de los servicios.
Ese importe, el gobierno capitalino lo consideró “aprovechamiento resultante de operaciones ajenas, y lo registró el 31 de diciembre de 2012, mediante CLC (cuentas por liquidar certificadas) en cuenta bancaria de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del DF”, de acuerdo con el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Publica del DF.
No obstante, la Auditoria Superior de la Federación indicó que ese tratamiento, “no es aplicable a los recursos derivados de deuda, los cuales deberán apegarse a lo establecido en el oficio 101.-180 emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, del que la entidad fiscalizada incumplió…”
La otra promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria se relaciona con el proyecto “Mejoramiento del Circuito Interior de la Ciudad de México”.
El GDF informó a la Auditoria que ese proyecto no generó ingresos públicos (requisito para obtener financiamiento de obras), pero representó beneficios sociales, como ahorro de tiempo y disminución potencial de incidentes viales, así como reducción de contaminantes de los vehículos, mejoramiento de los niveles de servicio de la vialidad y de la imagen urbana.
El gobierno de la ciudad adujo también que esta obra implicaba “incremento de la plusvalía de las zonas donde se desarrolló el proyecto, y por tanto, se incrementó el precio de los predios y la recaudación del impuesto correspondiente”…