No es la primera vez que sucede. En el proceso electoral de 2010 cuando se celebraron elecciones en 12 entidades de la República, con alianzas inusuales como la del PAN-PRD, los resultados preelectorales de las principales casas encuestadoras fueron tan poco precisos (sólo siete de 17 empresas acertaron al ganador y los márgenes de diferencia no fueron tan cerrados como lo anunciaron) que las dudas sobre el método, intención del ejercicio e inclusive capacidad para entender el contexto por parte de estas empresas fueron fuertemente cuestionados. Algo similar se vivió con las encuestas de salida del último proceso electoral en el que se disputaron las gubernaturas de 12 Estados y hubo procesos locales en dos entidades más: un par de horas después del cierre de casillas, 17 encuestas de salida hechas por dos casas encuestadoras en entidades donde hubo elección para gobernador daban a conocer sus resultados: 65% dieron un ganador equivocado o anunciaron márgenes cerrados cuando había una amplia ventaja entre el primer y el segundo lugar. Estos resultados fueron intensamente difundidos en medios de comunicación masiva lo cual generó cierta confusión y sorpresa al conocerse las cifras de los conteos rápidos. Sólo una casa encuestadora: Consulta Mitofsky prefirió esperar hasta las 11:00 pm para dar a conocer las primeras cifras basadas en un muestreo de las sábanas que se colocan afuera de las casillas electorales: salvo en el caso de Aguascalientes y Durango -en los que optó por no dar resultados el día de la jornada por lo cerrado de la elección-, en las 10 entidades restantes acertó al resultado.

A diferencia del 2010, actualmente existe una regulación que brinda mucho más información sobre el contenido, método y costo de las encuestas de lo que se sabía antes. Para evitar la existencia de “push polls” es decir, encuestas realizadas con la intención política de influir sobre los resultados electorales, la reforma electoral otorgó al Instituto Nacional Electoral la facultad de realizar un monitoreo y seguimiento de las encuestas electorales. El órgano electoral cuenta con lineamientos para la acreditación de casas encuestadoras públicas o privadas que realizan sondeos de opinión, encuestas o conteos rápidos en procesos electorales federales o locales las cuales deben de entregar un informe de actividades. También existe un marco normativo que sanciona con multa a quienes den a conocer resultados tres días antes de las elecciones y hasta la hora del cierre de casillas. Sin duda, la información sobre los ejercicios demoscópicos es más amplia que antes, pero entonces ¿dónde está la falla? Experiencias internacionales (como la elección española del 2014, o los resultados inesperados en las elecciones de Gran Bretaña e Israel en 2015) han mostrado que cada vez más las encuestas tienen problemas para identificar el perfil de los votantes el día de la elección. También existe una tendencia a sobreestimar las tasas de participación y se ha vuelto un problema común el que los encuestados han dejado de responder sobre su intención de voto (entre el 15% y 30%). Aún así, en un ejercicio de franca honestidad, Alejandro Moreno de El Financiero reconocía que ante estos resultados, las casas encuestadoras requieren revisar sus protocolos de capacitación, entrevista y supervisión para generar mayor confianza aún en contextos de inseguridad. Estos ejercicios deben mantener y aumentar la transparencia de los métodos, las características técnicas y organizacionales de sus estudios poniendo a disposición las bases de datos en formatos abiertos que permitan mejores análisis y estudios académicos. El Financiero ya lo ha hecho a través de los institutos electorales. ¿Habrá otras empresas que lo hagan?