De acuerdo con Expansión, España acaba de dar luz verde a la Ley de Transparencia, una norma que obligará a todas las administraciones públicas a ofrecer puntualmente a los ciudadanos la información que se les solicite.
Su puesta en marcha comenzará por la Administración central y, en un plazo de dos años, tanto comunidades autónomas como entes locales deberán aplicarla, lo que supondrá la movilización de una serie de recursos económicos y humanos que plantea innumerables retos, sobre todos, para los municipios más pequeños.
De estos retos se habló y se debatió extensamente en el III Foro de la Transparencia, que se celebró recientemente en el Senado. El encuentro estuvo organizado por la Fundación Chile-España, el Senado español, la Universidad de Alcalá y la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile, con la colaboración de la Embajada de Chile en España, el Consejo para la Transparencia y EXPANSIÓN.
Los artífices de la norma chilena –país pionero a la hora de aprobar y poner en marcha una Ley de Transparencia, lo hizo en 2008– expusieron ante un grupo de expertos y políticos españoles el resultado de su experiencia.
«Dar el paso de una sociedad abierta a una cerrada no es fácil», explicó Hernán Larraín, senador de Chile. El político enumeró los aciertos y errores que se han cometido en su país desde que se aprobara la primera norma parcial sobre transparencia, en 1999. En primer lugar, citó la importancia de que la norma sea transversal, que implique a toda la sociedad.
En segundo lugar, insistió en la necesidad de que las excepciones a la norma sean las menos posible: «Al principio hicimos algunas concesiones, decidimos que alguna materias podían ser consideradas reservadas; al final, sin embargo, nos encontramos con que todo era reservado», explicó Larraín. Para evitar esa opacidad, la norma se reformó y, en la actualidad, solo quedan fuera del alcance de los ciudadanos aquellas materias que afectan directamente a la seguridad nacional, a los derechos de las personas o a los documentos declarados secretos por la Justicia.
Para velar por el cumplimiento de la Ley, en Chile se puso en marcha un Consejo para la Transparencia que se ocupa de capacitar funcionarios, controlar y evaluar el cumplimiento de la norma y estudiar posibles avances. El un órgano autónomo cuya tarea ha sido «fundamental», según el senador chileno..
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