Aunque la discusión de la Ley General de Archivos ha despertado una gran controversia entre los especialistas, dado que es la columna vertebral en temas como la transparencia y el combate a la corrupción, coinciden en la importancia de mantener el debate en el terreno técnico.

“Si no hay archivos es imposible que podamos implementarlos; si no se articula, gestiona y documenta la información, si no evitamos el riesgo de que desaparezca, es imposible que existan los sistemas”, afirmó Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En ese sentido, la iniciativa de Ley presentada por los senadores Cristina Díaz Salazar, Laura Angélica Rojas Hernández y Héctor Larios Córdova, destaca la importancia que para la transparencia y rendición de cuentas tienen los archivos y su correcto manejo.

“Para que una sociedad esté bien informada es imprescindible una clara, veraz y oportuna rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados, la cual requiere el apoyo y homologación de las prácticas archivísticas, así como la implementación de un sistema general que las posibilite”, expresó.

Al respecto, la coordinadora de la Red para la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Lourdes Morales Canales, dijo en entrevista que México tiene inconsistencias en materia de gestión y manejo de archivos.

En el Diagnóstico de los archivos gubernamentales en México, una fotografía de la realidad subnacional, la doctora Alejandra Ríos Cázares, del CIDE, revela una realidad preocupante.

De acuerdo con el documento, la gestión de los archivos públicos en México enfrenta serias debilidades, pues el personal no está capacitado, los espacios físicos no son adecuados y los encargados son en su mayoría jefes de departamento, incluso hay médicos veterinarios al frente de los archivos.

Señala que en los municipios y congresos, el personal dura a cargo de los archivos alrededor de tres años (coincidentes con los trienios de los alcaldes y las legislaturas locales) y con frecuencia hay criterios políticos y no técnicos para elegir al personal.

Además, anota, en muchos de los casos los archivos están a cargo de instancias como “servicios generales”, es decir, no se les otorga la importancia debida en las estructuras burocráticas.

Desde las reformas constitucionales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, cuya implementación está en marcha, se consideró la creación de las leyes generales de Transparencia, de Datos Personales y de Archivos.

La primera fue aprobada hace varios meses, la segunda está prácticamente concluida y la de Archivos fue recientemente presentada para su discusión en el Senado el 17 de noviembre pasado, con 117 artículos y 17 transitorios.

Esta última propuesta ha sido seriamente debatida por los especialistas de instituciones como el Colegio de México, la Academia Mexicana de Historia, Artículo 19, la Escuela Mexicana de Archivos, Fundar, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, quienes han manifestado la necesidad de una ley encaminada por aspectos técnicos y no políticos.

Dichas instituciones dieron a conocer a finales de noviembre y luego de las consultas a que llamó el propio Senado de la República, un pronunciamiento donde señalan dos preocupaciones básicas, una de ellas, la necesidad de desvincular la política pública nacional en materia archivística del control político de Secretaría de Gobernación”.

También plantearon que la adecuada valoración documental, junto con la conservación y plena consulta de los documentos históricos, son condiciones fundamentales para el quehacer administrativo e histórico, la construcción de una memoria nacional y el ejercicio de derechos fundamentales.

En este pronunciamiento, los especialistas dejaron claro que “la Ley no puede permitir regresiones en estas materias” y en ese sentido, la coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales Canales, resaltó la importancia de basar dicha norma en criterios técnicos y no políticos.

El pasado 6 de diciembre, el INAI presentó un decálogo sobre el contenido de la iniciativa, avalado por los siete comisionados, quienes en diversos foros y ocasiones han coincidido en estos temas.

El decálogo establece que el Archivo General de la Nación debe ser un organismo descentralizado no sectorizado y precisar normas técnicas para consultar archivos históricos, considerando el criterio de derecho a la verdad.

También, se deben hacer precisiones a la iniciativa sobre el Sistema Nacional de Archivos y del Consejo Nacional de Archivos, los archivos en trámite y de concentración y sobre la custodia de archivos institucionales.

Para el INAI, es necesario establecer estándares en el manejo electrónico de la coordinación de los sistema nacionales de Archivos, de Transparencia y Anticorrupción, además de homologar reglas en los sistemas de archivos locales.

Este decálogo incluye comentarios sobre el Sistema Institucional de Archivos y sobre las instancias ejecutivas, directivas y consultivas previstas en la iniciativa de Ley.

De esta forma, los especialistas reiteran la importancia de llevar el debate únicamente al terreno técnico y dejar fuera cualquier propuesta de carácter político para mantener una imparcialidad. (NTMX)