La opacidad en los poderes públicos es el germen de la “desconfianza ciudadana y el incentivo más perverso para el ejercicio indebido de las atribuciones” conferidas a los órganos del Estado, sentenció  el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza.

Al inaugurar el “Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014 Perspectiva y Desafíos de la Reforma Constitucional”, destacó que “un auténtico Estado democrático de derecho” reclama no sólo elecciones libres y competitivas, sino que el poder público “actúe de cara a los ciudadanos”.

En ese sentido, aseguró que existe un “indeclinable compromiso” del Poder Judicial de la Federación (PJF) con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.

Una justicia que no es capaz de mostrar sus procedimientos, ni de esclarecer sus reglas de funcionamiento, está muy lejos de ajustarse a los cánones que impone el ideal encarnado en el Estado constitucional y democrático de Derecho”, dijo Juan Silva Meza.

Silva Meza explicó que el ámbito judicial federal, lejos de mostrarse indiferente a cumplir las nuevas disposiciones constitucionales en materia de transparencia, trató de predicar con el ejemplo, en su calidad de garante de los derechos fundamentales.

Recalcó que “una justicia que no es capaz de mostrar sus procedimientos, ni de esclarecer sus reglas de funcionamiento, está muy lejos de ajustarse a los cánones que impone el ideal encarnado en el Estado constitucional y democrático de Derecho”.

Lo anterior fue señalado por Silva Meza ante la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Ximena Puente de la Mora, y del  presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Alejandro Luna Ramos, además de magistrados, jueces y especialistas de México, España, Argentina y Chile.

Ante los asistentes a la cuarta edición del seminario, Silva Meza consideró que países que como el nuestro viven inmersos en procesos de consolidación de sus democracias “tienen un deber inexcusable” con el derecho a la información y el genuino escrutinio del poder público por parte de la ciudadanía.

Recordó que en 2011 México reformó el artículo 1° de la Constitución, para incorporar al orden jurídico nacional los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo que abrió nuevos derroteros para la interpretación de todos los derechos, dijo, incluidos los de acceso a la información y publicidad procesal, a la luz de los principios de más amplia protección de las personas, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…

Nota completa en: Excélsior