Ante el escenario complejo que se ha evidenciado en la implementación de los sistemas anticorrupción, se identifica un impasse de la mayor gravedad. Hasta el momento, no ha sido posible la puesta en marcha de una Política Nacional Anticorrupción. Los esfuerzos para la construcción de dicha propuesta, que iniciaron desde 2017, en la primera época del Sistema Nacional Anticorrupción, no lograron cristalizar durante 2018 y tampoco parecen tener asidero en 2019, a pesar de que la Comisión Ejecutiva ya aprobó una propuesta. Frente a este problema, que no es menor, se encuentra otro casi de la misma magnitud: los sistemas estatales anticorrupción han perdido mucho tiempo antes de poner manos a la obra en la construcción de sus políticas estatales. Es decir, de momento no existe alguna entidad del país que tenga ya una estrategia de combate a la corrupción de mediano y largo plazos, pues ha prevalecido un pasmo institucional, a la espera de que se defina un documento rector en el ámbito nacional. Si bien es cierto que las políticas estatales anticorrupción deben alinearse con la nacional, esto no significa o, al menos no debería significar, que serán un calco. Con la posibilidad de innovar y adaptar sus políticas estatales a las condiciones de cada entidad federativa, los sistemas anticorrupción locales también pueden cumplir con la condición de ‘alinearse’ con la política nacional, cuando exista ya aprobada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. La condición de adaptabilidad de las políticas públicas, que debería haber prevalecido en la instrumentación de los sistemas estatales anticorrupción, parece un elemento difícil de entender.

En tal escenario, respondiendo al interés del gobierno de la república por tener el combate a la corrupción como una de las líneas de mayor atención en el sexenio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública publicaron el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión (PNCC), el 30 de agosto de 2019.

El PNCC pone atención en cinco objetivos prioritarios muy relevantes:
1.      Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción.
En este objetivo se propone desarrollar estrategias para el fortalecimiento de las vías de participación y vigilancia ciudadanas para contribuir al combate a la corrupción, teniendo a la transparencia y rendición de cuentas como elementos de base.
2.      Combatir los niveles de impunidad administrativa en el gobierno federal.
En este objetivo se pretende desarrollar acciones para consolidar y fortalecer los medios para la imposición de sanciones administrativas.

3.      Promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública.
Este objetivo tiene como eje central el establecimiento de mecanismos para institucionalizar los criterios de austeridad y disciplina financiera, de manera que se logre introducir una lógica de racionalidad en el ejercicio del gasto público.
4.      Promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública Federal.
Este objetivo tiene como misión señalada la capacitación de funcionarios para “reivindicar el verdadero significado del ejercicio de la función pública”. Además, se centra en la promoción de la mejora de los conocimientos de los funcionarios como eje básico de la profesionalización, pasando por la simplificación administrativa, la modernización de las estructuras orgánicas y la redefinición de funciones conforme a las necesidades operativas de la administración pública.
5.      Promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado mexicano.
Este objetivo se dirige al mejor aprovechamiento del patrimonio del Estado.

El PNCC ha pretendido avanzar ante la ausencia de una estrategia nacional de combate a la corrupción. Las cinco vertientes estratégicas que destaca el PNCC son importantes, pues agrupan temas cuyo alcance es amplio. Sin embargo, también es evidente que, en cada uno de esos cinco contenidos, las acciones puntuales que se proponen se verán limitadas por el ámbito de atribuciones y alcances legales e institucionales de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Es decir, si bien el PNCC es una propuesta firme en un escenario en el cual ha habido quizás demasiado tiempo de espera para concretar una ruta crítica de combate a la corrupción, éste tiene el inconveniente de limitarse a considerar a las secretarías de Hacienda y Función Pública como los pilares anticorrupción. Como ha sucedido desde 2018, las propuestas que han surgido mantienen en el olvido que el país se organiza en un régimen federal, de modo que deben tomarse en cuenta los dos niveles de gobierno adicionales (estados y municipios), además de ignorar que cualquier estrategia de combate a la corrupción debe articular sus acciones con todas las instituciones involucradas en el diseño sistémico existente. De tal suerte que, si el PNCC logra los objetivos planteados, eso no garantiza que se vaya a acabar con el problema de la corrupción, que no existe sólo en el ámbito del gobierno nacional.