Las compras gubernamentales llegan a representar una cantidad muy importante del gasto público. Se estima que entre el 30% y el 40% del gasto total del sector público se destina a las compras públicas, representando el 17% del PIB promedio de los países de la OCDE. En los países de América Latina las compras públicas representan entre el 5% y 15% del PIB. Por ende, dada la magnitud de recursos destinados, es importante garantizar que los gobiernos adjudiquen contratos mediante procedimientos que aseguren el mejor aprovechamiento de los recursos públicos.
Para la elaboración de este documento, CIDAC analizó las leyes, reglamentos y decretos de 14 jurisdicciones de América Latina en materia de compras públicas. Asimismo se contactó a diversas agencias de competencia de la región para tener una visión más detallada de cuáles eran las fortalezas y debilidades de los marcos normativos y cómo la experiencia de estas agencias y de las entidades de gobierno había ayudado a mitigar el riesgo de la colusión en los procedimientos de compras públicas.
El análisis sirvió, por un lado, para identificar los mecanismos que existen en las legislaciones para combatir la colusión. Y, por otro lado, para extraer conclusiones de carácter regional, ya que debido a los similares marcos normativos que muchas veces comparten estos países, se han podido establecer convergencias y divergencias que afectan a la mayor parte de la región.
