Parece que los Auditores Superiores, Contralores Estatales y titulares de la Función Pública se encuentran ajenos a la rendición de cuentas. No obstante de los quebrantos financieros que han ocurrido ante su mirada, han permanecido fuera del escrutinio público, tal como si no tuvieran ninguna responsabilidad. Ha sucedido en casi todas las entidades federativas, pero también a nivel federal. Y ninguno hasta la fecha ha sido exigido a rendir cuentas.  De justificar sus acciones y decisiones. Sin embargo, tal vez el caso de la Estafa Maestra muestre la realidad en los órganos de control y fiscalización y ahora se exija a Juan Manuel Portal, rendir cuentas.

Al afirmar “En una reunión que tuve con Enrique Peña Nieto le di un informe verbal de todo lo que pasaba con Rosario Robles y su equipo, dijo el ex auditor en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula”. Y además aseguró “Todos los ex funcionarios implicados en el esquema de desvío de recursos revelado en la Estafa Maestra conocían de las irregularidades en el gasto de sus dependencias, pero ninguno actuó al respecto” (Peña Nieto y sus secretarios fueron informados de los desvíos de la Estafa Maestra, Animal Político, 09/09/2019).

Luego, ¿Por qué el Auditor Superior informó al Presidente en forma verbal?

O, ¿Acaso le informó o solicitó autorización a la Comisión de Vigilancia de la ASF del Congreso para su proceder?

Entonces, sí el Auditor Superior no informó a la Comisión de Vigilancia, y por ende, al Congreso se estaría probando que Juan Manuel Portal estaba subordinado al Poder Ejecutivo, e incurrió en conflicto de interés.

Aunque habrá que constatar si la Fiscalía General de la República le solicitará a Juan Manuel Portal ratificar sus dichos, y sí la Comisión de Vigilancia emprende una investigación al respecto. Caso contrario, se demostrará que la fiscalización está supeditada al poder político.

Mario Alberto Gómez Maldonado