El Colectivo por la Transparencia y México Infórmate exhortan al Poder Legislativo para que apruebe hoy la reforma constitucional en materia de transparencia, ya que contribuirá al fortalecimiento democrático, el ejercicio de derechos y la fiscalización de las funciones de las autoridades para favorecer el interés general.
De acuerdo con dichas organizaciones, de aprobarse la minuta aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 22 de agosto, habrá un avance significativo para la protección del derecho de acceso a la información en México y con ello se dotará de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI).
A través de un comunicado, argumentan que estos cambios a la Constitución ampliarían la esfera de competencias del IFAI sobre los poderes Legislativo y Judicial, y se dispone la obligación de crear una Ley General de Transparencia que especifique las garantías mínimas para el ejercicio del derecho a la información en todas las entidades federativas incluyendo el Distrito Federal.
La Minuta de la Cámara de Diputados, señalan las organizaciones, conserva la disposición del Senado de la República que señala que las resoluciones del órgano de transparencia son vinculatorias, definitivas e inatacables para las autoridades, pero incorpora la posibilidad de que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo interponga un recurso de revisión ante la SCJN si considera que alguna resolución del IFAI afecta la seguridad nacional.
México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia manifiestan su rechazo ante la posibilidad de que ha trascendido en los medios de comunicación, de que en el Senado de la República se considera incorporar la misma facultad para el Banco de México, para impugnar las decisiones del órgano federal de transparencia cuando éstas si afectan el mandato que le confiere el artículo 28 de la CPEUM.
Las organizaciones consideran que el órgano especializado en materia de transparencia debe ser la última instancia en la materia y que las reservas a la información sensible que posea el Banco de México, por las importantes funciones que realiza, pueden sostenerse mediante el procedimiento establecido de prueba de daño, con el que se confirma que difundir cierta información puede causar un perjuicio mayor que el beneficio de interés público de conocerla.
