Por: Suneeta Kaimal y Alejandro González Arreola
México cuenta con una trayectoria destacada de liderazgo internacional en materia de transparencia. En 2002, fue pionero en esta materia con una ley progresiva que colocaba a la ciudadanía en el centro del acceso a la información. México definió un nuevo estándar internacional con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), inspirando con ello a otros países alrededor del mundo a emprender reformas similares en esta materia. A partir de este reconocimiento bien ganado en materia de innovación y apertura, México se convirtió en uno de los ocho países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) en 2011.
OGP es una iniciativa internacional multi-actor que creció rápidamente de ocho a 66 países tan solo en tres años y que busca impulsar compromisos concretos, medibles y monitoreables por parte de cada gobierno para lograr avances significativos en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción e innovación colaborativa gobierno-sociedad civil para identificar los compromisos concretos de mejora, así como para implementarlos, dar seguimiento y rendir cuentas de forma pública y abierta sobre lo realizado en el propio país y en el ámbito internacional.
Después de unirse a esta importante iniciativa internacional en 2011, México siguió avanzando significativamente en la agenda de apertura. Amplió el acceso a los servicios gubernamentales en línea y creó herramientas de democracia digital para hacer que las acciones del gobierno y el gasto gubernamental fueran transparentes. Aún más, en 2013 se dio autonomía constitucional al IFAI para fortalecer su autoridad en los niveles nacional, estatal y municipal, al igual que se amplió el alcance de la ley en materia del derecho de acceso a la información a todas las entidades privadas que reciben fondos públicos, incluidos los sindicatos y los partidos políticos, entre otros. Esto sin duda dio un gran impulso y legitimidad a México para que en 2014 asumiera el cargo de Presidente de OGP con el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de “promover la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de los ciudadanos”. (1)
Desde la perspectiva de OGP, una de las características más relevantes de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información de 2013 es que abrazó un proceso sin precedentes de parlamento abierto. El Congreso (en particular el Senado) y la sociedad civil colaboraron estrechamente, incluso los comisionados del nuevo IFAI fueron nombrados en un proceso abierto y público. Este mismo espíritu de cocreación guió la elaboración de la Ley General de Transparencia que debe regular la aplicación de la reforma constitucional. El proyecto de ley que se presentó en diciembre 2014 producto de este proceso, contó con un amplio consenso entre todas las partes involucradas.
Sin embargo, durante la última semana, hemos escuchado expresiones de profunda preocupación de las organizaciones de la sociedad civil mexicana (2) y de los comisionados del IFAI (3) en vista de cambios al proyecto de ley que de último minuto fueron propuestos por el Poder Ejecutivo Federal, los cuales corren el grave riesgo de socavar logros clave alcanzados por las reformas constitucionales de transparencia de 2007 y 2014.
Compartimos estas preocupaciones y hacemos un llamado al gobierno de México y al Congreso para que aprovechen esta oportunidad para ratificar su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y los procesos de cocreación con la sociedad civil, tal como corresponde a su rol de liderazgo internacional en OGP.
Fuente: El Universal