A dos años de la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción, las fiscalías estatales especializadas en atención a delitos derivados de actos corruptos muestran diferentes grados de consolidación.
El titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción de Sonora, Ricardo Espinoza Valdez, consideró que, en los estados que se están consolidando los sistemas estatales anticorrupción, el siguiente paso es dar resultados.
El también presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción planteó que una de las prioridades para quienes encabezan las fiscalías es lograr la autonomía constitucional, porque ello permitiría una actuación más libre.
Recordó que sólo tres fiscalías gozan de autonomía (Campeche, Morelos y Durango), mientras que las demás siguen dependiendo de los fiscales estatales de justicia.
Por su parte, el fiscal especializado en combate a la corrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, detalló que han enfrentado problemas de recursos económicos y de falta de personal.
“El combate a la corrupción se está dando en Nuevo León, pero con las restricciones correspondientes de la falta de presupuesto y falta de movilidad al respecto, porque a lo mejor a la gente no le interesa que esto funcione”.
Dijo que varios casos se fueron “cayendo”. Por ejemplo, comentó que cuando asumió la titularidad de la fiscalía (marzo del 2018) recibió 22 carpetas de investigación relacionadas con la Operación Tornado, sobre presuntos delitos de corrupción vinculados al exgobernador Rodrigo Medina y algunos colaboradores, y ya sólo quedan unas cinco, ello debido “a la fragilidad” con la que fueron integradas las consignaciones y vinculaciones a proceso.
El fiscal especializado en combate a la corrupción de Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, sostuvo que entre los casos abiertos se encuentra la presunta venta de medicinas a sobreprecios al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) y en la que está involucrada una empresa relacionada con el exdelegado de Programas Integrales del Desarrollo de la Presidencia, Carlos Lomelí, así como quebrantos a la Comisión Estatal del Agua (CEA). El fiscal recordó que se vinculó a proceso a tres exfuncionarios del Ipejal y tres del CEA.
De la Cruz Tovar opinó que se requiere contar con una legislación propia, para así no depender de la ley que regula el funcionamiento de la fiscalía general del estado.
Magistrados sin nombrar
El presidente Andrés Manuel López Obrador “no está convencido del Sistema Nacional Anticorrupción” y a ello obedece que siga trabada en el Senado de la República, desde hace más de dos años, la designación de 18 magistrados anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, afirmó Alejandro González Arreola.
“No hay consenso en el partido que gobierna ahorita sobre cuál debe ser la ruta (a seguir)”, dijo el cofundador de la Red por la Rendición de Cuentas y presidente del Consejo Directivo de la asociación civil Gestión Social y Cooperación.
El expresidente del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional consideró que se requiere legislar para establecer algún procedimiento que evite que el Congreso de la Unión incurra en omisiones, como ya sucedió en el caso del Senado, al no hacer nombramientos de servidores públicos en tiempo y forma.
“El presidente no está convencido del Sistema Nacional Anticorrupción y, después, las personas que en el Senado son importantes (…) (en la toma de decisiones) no tienen un consenso de cómo lidiar con ese tema”.
“Y, efectivamente, como no tienen un consenso, no tienen claridad de qué hacer, y como al presidente no le interesa mucho, pues la verdad es que no se ve para cuándo (resolver la ratificación o no de los 18 candidatos propuestos por el expresidente Enrique Peña Nieto)”, expuso González Arreola.
Desde su óptica, “las razones son políticas, como siempre y, en este caso, muy graves porque el Sistema Nacional Anticorrupción no está completo hasta que se nombre a los magistrados.
“Se tomaron previsiones. El Tribunal de Justicia Administrativa tiene, no están los de la sala (especializada en anticorrupción), pero habilitaron a otros magistrados de otra sala para que puedan ver los casos específicos. Esa es una salida que, en su momento, incluso hasta pudiera ser impugnada por los sancionados”, manifestó.
Fuente: El Economista
