Juan Manuel Portal
La frustración social en México es una realidad incuestionable. Podríamos definirla como una sensación de fracaso del interés colectivo que a su vez se
traduce, en la esfera de lo individual, en desamparo, debilidad e inclusive soledad frente algo indefinible pero muy poderoso.
Ante la mayor parte de los problemas que nos aquejan como ciudadanos, tenemos la tendencia a señalar, de manera tajante, un responsable único y absoluto: “el gobierno”. Este concepto incluye desde el burócrata de ventanilla hasta los funcionarios de alto nivel que aparecen en la televisión y los periódicos.
Pese a que la gama de capacidades, desempeño y habilidades en este grupo sea muy amplia, se condena en bloque a quien sirve en el Estado. Tal vez existan razones para pensar así, pero las soluciones a los problemas de nuestra sociedad no pueden partir de ese resentimiento ni reducirse a una causa
única.
El primer paso, y quizá el más importante, es darse cuenta de que el gobierno y quienes ahí laboran están inscritos en un sistema mucho más complejo que abarca la totalidad de los sectores y ámbitos de la vida en nuestro país. En dicho sistema las dimensiones económica, política y social se norman por
decisiones que privilegian, la mayor parte de las veces, lo particular sobre lo colectivo.
Por ello, la correcta caracterización de un sistema que, al fallar, no genera las condiciones para privilegiar el interés de la mayoría es fundamental para encauzar de manera correcta nuestra frustración social.
En lo que toca a la relación directa entre gobierno y gobernantes se ha subrayado, en múltiples ocasiones, la necesidad de establecer un verdadero sistema de rendición de cuentas en el que la fiscalización, el acceso a la información, la evaluación presupuestal y de programas, los sistemas de archivos y la contabilidad gubernamental interactúen de manera tan eficiente como efectiva, ello con el fin de que la gestión pública se enfoque a asignar, de la manera más atinada, los recursos financieros, humanos y tecnológicos disponibles para llevar a cabo acciones de impacto social que representen una diferencia real en la vida de los ciudadanos.
Esta filosofía ha sido promovida por la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), la cual agrupa a entidades públicas, instancias académicas y organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de contribuir a la definición de una política pública de rendición de cuentas.
El marco de interacción entre organismos de diversa naturaleza, y con objetivos tan variados, ha sido posible gracias a que los diagnósticos de la Red se basan en análisis que buscan establecer equilibrios y ponderaciones correctas en variables tan complejas como la pluralidad o la objetividad.
El valor de la RRC radica en que ésta se ha convertido en un microcosmos de lo que puede ser el entramado institucional mexicano relacionado con la rendición de cuentas; un espacio en donde las entidades públicas muestran un interés auténtico por mejorar su actuación, a los ojos del ciudadano, así como organizaciones académicas y de la sociedad civil que contribuyen, objetivamente, al fortalecimiento de las instituciones públicas.
La Red propicia espacios de visibilidad para diversas instancias ciudadanas, lo que genera incentivos para formar parte de análisis técnicos correctamente sustentados respecto a la rendición de cuentas. En la Red por la Rendición de Cuentas, donde la Auditoría Superior de la Federación participa periódicamente, todos sus integrantes han podido constatar que formamos parte de un organismo que ha procurado constituirse como una instancia
técnica que privilegia su consolidación de largo plazo, antes que cualquier visión coyuntural o de grupo. Están al tanto, además, de que el marco legal que norma nuestra actuación genera un proceso de fiscalización extenso que impide una actuación oportuna; por ejemplo, la mayor parte de las acciones derivadas de nuestro informe de revisión de la Cuenta Pública 2011 se encuentran en proceso.
Finalmente, comprenden que la ASF no sanciona penal ni administrativamente, porque dichas figuras no están contempladas en su mandato. La frustración social puede operar como un catalizador y, por consiguiente, convertirse en un motor de cambio positivo; en este sentido, la RRC es un ejemplo de un impacto favorable surgido de una situación de desaliento y de demanda de acción por parte de las autoridades.
Sin embargo, el riesgo de la frustración como filtro para ver la realidad radica en que puede devenir en la necesidad absurda de ventilar la ira acumulada y buscar hacerse escuchar a costa de lo que sea, inclusive de destruir lo que se ha construido, sin lograr con ello nada de valor, salvo un muy relativo desahogo, que puede resultar estéril.
