Esta semana, dos acciones muestran la intención de la actual administración de tomar y centralizar desde la presidencia los hilos del ejercicio del poder político.
La primera, exitosa desde el punto de vista mediático, fue la detención de Elba Esther Gordillo, la poderosa líder vitalicia del sindicato de maestros más grande de América Latina. Acusada de malversación de recursos sindicales, evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada “la maestra” enfrenta desde la cárcel un proceso judicial ante el cual se han ido diluyendo sus apoyos políticos. La detención de Gordillo se realizó horas después de que el Presidente Peña Nieto hubiera promulgado la reforma educativa y justo cuando diversas secciones del SNTE se alistaban para ejercer presión con movilizaciones en varias entidades.
La detención de Gordillo es una acción política que no modifica hasta ahora la opacidad y el enorme desvío de fondos que existe en el sistema educativo mexicano. Según el último informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011 hubo irregularidades en el ejercicio de fondos destinados a la educación básica, educación tecnológica y de adultos y a la infraestructura educativa. La Auditoría Superior de la Federación tuvo que recuperar hasta 14 mil 212 millones de pesos provenientes del FAEB, 115.3 millones de pesos provenientes del CONALEP y el INEA y mil 170.6 millones de pesos provenientes del FAETA. Las irregularidades detectadas por el órgano de fiscalización fueron: pagos indebidos a los comisionados del sindicato, pagos indebidos por prestaciones no reconocidas, pagos a trabajadores con plazas no localizadas y apoyos económicos otorgados indebidamente a secciones sindicales, solo por mencionar algunas. Dentro de las problemáticas identificadas por la ASF no solo se encuentran cuestiones vinculadas al marco normativo vigente (situación que podría enfrentarse con la reforma educativa y la ley general que de ella emane) sino también cuestiones como el necesario padrón de maestros, la transparencia en el ejercicio de recursos y la evaluación para la calidad educativa todas ellas señaladas y exigidas por actores sociales como organizaciones de la Red por la Rendición de Cuentas y la Coalición por la educación (http://www.porlaeducacion.com/portal/).
Aún así, la detención de Gordillo envía un mensaje a otros actores clave para la agenda de reformas que ha sido anunciada por el Presidente Peña Nieto como lo son la nueva ley de telecomunicaciones y la reforma energética. La pregunta es si se atacarán o no los problemas de fondo o si solamente se realizarán cambios cosméticos que abonen a la espectacularidad.
La segunda acción anunciada corresponde a la 21 Asamblea Nacional del PRI en cuyos estatutos se contempla que sea el Presidente quien encabece el máximo órgano de decisión del partido: la Comisión Política Permanente. Con esta medida, queda eliminada la supuesta distancia (más discursiva que real) entre el Presidente y el partido volviendo a los principios de presidencialismo mexicano en donde el jefe de gobierno también es jefe del partido. De igual forma, en la Asamblea del PRI se aprobó eliminar ciertos candados como el ser candidato sin haber contado antes con un puesto de elección popular, el que aprueba el IVA en alimentos y medicinas y el de la reforma energética.
Corolario: En el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación destaca dentro de sus actividades para fortalecer la rendición de cuentas y la fiscalización, su incorporación a la RRC lo cual refrenda su compromiso público por continuar contribuyendo al debate conjunto por la construcción de una política pública de rendición de cuentas para México.
