En el último mes, el comportamiento de diversos actores del PRI, es solo un pequeño recordatorio de lo que nos espera a la ciudadanía si este partido lograra ganar la Presidencia de la República en el 2012. Tres situaciones han marcado el rumbo y ritmo de la nostalgia de un partido que actúa como si tuviera el futuro comprado. En primer lugar, se trata de la elección de Consejeros electorales.

Violando los plazos y las normas que ellos mismos impusieron, los diputados de todos los partidos no lograron un consenso y las bancadas del PRI-PANAL-PVEM trataron de imponer una terna que excluía la propuesta del PRD. El resultado fue la parálisis y un Consejo general del IFE incompleto que deberá además de trabajar con una enorme carga de trabajo en un año en el que se esperan 15 procesos electorales, 1 federal y 14 estatales, con 6 renovaciones de gobernador en juego. El 1º de julio, 11 de estas elecciones serán simultáneas. El IFE en coordinación con los órganos electorales locales, será el encargado del manejo y regulación de las campañas electorales en medios electrónicos, tendrá que ser al mismo tiempo, programador, monitoreador, censor y sancionador. Usando el régimen especial sancionador -en caso de violación de la norma en medios de comunicación- deberá de actuar en un plazo no mayor a 72 horas. ¿Podrá con todo el paquete? A los partidos, por lo visto, no les preocupa.

En segundo lugar, se trata de la reforma política. Apelando a un falso espíritu republicano (sufragio efectivo, no reelección), los diputados y en particular los de la bancada del PRI-PVEM, clausuraron la posibilidad de que el sistema político mexicano tuviera reformas sustanciales que hubieran permitido mayor eficiencia en la toma de decisiones y una mayor participación ciudadana. Prometieron grandes cambios y dieron migajas a cambio. De la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes, que con los ajustes necesarios en términos de fiscalización, transparencia y gasto en campañas electorales, hubiera abierto la puerta a un incentivo para su comportamiento, hicieron una satanización. Bajo el argumento de escuchar a la ciudadanía, (como si de pronto les interesara lo que pensamos), se iba a convocar a una consulta popular para confirmar lo que en realidad ya se sabe: que el tema de la reelección no es popular como tampoco lo son nuestros legisladores. El resultado después de la última discusión fue que ni consulta popular, ni reconducción presupuestal, ni revocación de mandato, ni iniciativa preferente. Diputados y senadores continuarán estando bajo el control de los líderes de los partidos lo cual deja la puerta abierta al control partidista del Congreso. A los ciudadanos les dejaron las candidaturas independientes (que habrán de competir con los jugosos recursos y las campañas de los partidos) y la iniciativa legislativa que no empodera a los ciudadanos ya que depende de la movilización ciudadana y sobretodo de la buena voluntad de los partidos.

En tercer y último lugar, se trata del actual dirigente del PRI, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Las pruebas presentadas hasta ahora indican que el equipo de quien es la cara del partido, falsificó documentación para obtener créditos que ahora han endeudado al Estado por 32 mil millones de pesos. No ha existido una sola explicación clara de para qué se utilizó este dinero, ni por qué se permitió esta operación. Lo que es más, los involucrados en el caso no han sido procesados por delitos mayores. Estos actos de impunidad, autoritarismo, corrupción y falta de rendición de cuentas, muestran la soberbia de un partido que con sus actos nos recuerda un estilo de gobierno que por lo visto piensa que no hay consecuencias y ya se hace sentado en la silla presidencial.

Twitter: @louloumorales