La semana pasada, el IFAI convocó a la octava edición de la Semana Nacional de Transparencia que, como ya usual, contó con muchas y muy valiosas ideas y sugerencias de México y el extranjero –especialmente de Canadá para este año–pero también con intervenciones preocupantes y graves omisiones. En general, quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí elogiamos con razón los avances sostenidos que ha tenido en México el derecho de acceso a la información, la evolución de los medios de fiscalización de los recursos públicos y los éxitos en la evaluación de las políticas públicas.
Sin embargo, las buenas noticias corren el riesgo de enquistarse en un status quo con el que es imposible coincidir y que, eventualmente, podría volverse en contra de la construcción de una verdadera política de rendición de cuentas para el país. El status quo en el que estamos no debe eternizarse. Y más bien ha de convocarnos, en todo caso, a seguir insistiendo en la mudanza y en la necesidad de imaginar instituciones y procedimientos que pugnen por una nueva cultura de rendición de cuentas que todavía está lejos de nuestros horizontes.
Existen tres grandes apartados que requieren mejorías para avanzar hacia una política de rendición de cuentas. En primer lugar, hay que cumplir a cabalidad con las normas de acceso a la información, de evaluación y de fiscalización que están vigentes. Estas tres piezas constituyen la materia prima de lo que en un plazo razonablemente breve podría formar ese sistema integral de rendición de cuentas. Pero mientras esos tres elementos no se cumplan rigurosamente en cada una de las dependencias públicas y no formen parte de nuestra cultura cotidiana en forma de rutinas aceptadas e internalizadas por los servidores públicos, la ausencia de materia prima será causa de que el sistema en su conjunto no pueda emerger.
Por otro lado, a pesar de los avances normativos que ha tenido México en los últimos diez años, resulta inaceptable que sigan pendientes las reformas a la ley federal de transparencia y acceso a la información ordenadas por los artículos transitorios de la reforma al Artículo 6º Constitucional. A nadie debería pasar inadvertido que esas normas debieron emitirse desde el año 2008, ni que el Congreso de la Unión está en falta grave al no haber completado la tarea legislativa en ese tema.
En el mismo sentido, resulta inquietante que se sugiera –como lo hizo el Presidente Calderón al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia—que sea otra instancia ajena al IFAI quien determine la validez de la entrega de la información pública a la sociedad en su conjunto. Sugerir siquiera que sea la Secretaría de la Función Pública o la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República quienes decidan si deben o no entregarse datos que obran en poder de la administración pública es simplemente inaceptable. Ninguna instancia burocrática puede ponerse por encima de las garantías al cumplimiento de un derecho constitucional y, en consecuencia, no debería haber ninguna razón válida para que el acceso a la información se vea bloqueado por razones ajenas a la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En suma, en tanto no haya un ciclo completo en el que la información, la fiscalización, y la evaluación de las políticas se cumplan a cabalidad y concluyan en consecuencias ciertas y tangibles que permitan sancionar o aplaudir a quienes hayan cumplido con su deber y/o corregir el rumbo de las políticas públicas, el ciclo diseñado en esas normas estará inconcluso y la materia prima del Sistema Integral de Rendición de Cuentas no se habrá siquiera completado.
En segundo lugar, aún cumpliendo la enorme tarea de llevar a cabo hasta sus últimos extremos las leyes en vigor, todavía es indispensable integrarlas en un solo sistema. La Red por la Rendición de Cuentas integrada por muy diversas organizaciones académicas, de la sociedad civil e instituciones públicas es un esfuerzo por construir un proceso de reflexión gradual e incremental de integración de ideas, normas y procesos que hoy están aislados.
Es necesario conectar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación con el que realiza la Función Pública. Es necesario darle un sentido práctico a la información pública, en armonía con la evaluación de las políticas. Es necesario conectar las conclusiones que realizan quienes fiscalizan los recursos públicos con el control interno y con el trabajo de los ministerios públicos. Es necesario cerrar los ciclos entre evaluación y planeación del gasto público. Es necesario conectar el sistema federal con los sistemas que hoy tienen los estados y los municipios, en donde los rezagos son todavía muy graves y en donde cada vez se producen mayores signos de alarma. Hoy tenemos nuevos sistemas, nuevas instituciones, nuevas rutinas, nuevas normas en estos ámbitos, pero no se ha logrado aún que estos sistemas se encuentren articulados con coherencia y produzcan un sistema integral para toda la República.
En tercer lugar, es necesario, completar y perfeccionar los ciclos que la ley impone. De esta manera, tras las revisiones debe de haber sanciones efectivas y no sólo en el sentido de un castigo o de criterios abstractos que atañen a las instituciones y no a los servidores públicos. La rendición de cuentas debe ser descargada de su sentido negativo y dejar de ser vista como una crítica tenaz, contumaz incluso, hacia los gobiernos y los gobernantes para convertirse en lo que es: un verdadero ejercicio democrático, en el que la sociedad tiene acceso a la información, a la forma en la que se toman las decisiones públicas, conoce el modo en el que se asignan y se gastan los recursos públicos y premia a los servidores públicos que han cumplido sus tareas.
De igual forma, el trabajo de evaluación no cumple plenamente sus propósitos de mejorar el diseño y la implementación de las políticas cuando sólo sucede al final de los procesos decisorios, a través de los cuales se realiza la gestión pública. Las metodologías y los criterios de la propia Auditoría Superior de la Federación, los criterios de producción de información, de archivo, distribución y uso de la información deben estar presentes desde el principio de los ciclos presupuestarios y no sólo al final. Cada política pública, cada decisión tomada por los servidores públicos, cada dinero gastado, debería estar acompañado por paquetes evaluativos completos, compartidos por quienes después han de hacer la tarea de evaluar y de fiscalizar la gestión pública, a fin de que estos procedimientos de revisión de la tarea cumplida se basen en los principios y en las cualidades que cada política debió tener desde el principio. Para ser completo y eficaz, un ciclo presupuestal no sólo se revisa al final sino que debe ser comprendido también desde el principio. Lo que se evalúa o fiscaliza no es el éxito de la improvisación o las habilidades de las burocracias para seguir procedimientos de rutina, sino el ejercicio de recursos y de atribuciones que buscan atender problemas públicos.
Mientras no se entienda que los controles internos de las administraciones públicas no son un antídoto ni un sistema de protección a los controles externos y que, más bien, deben trabajar de la mano para que se cumplan las políticas públicas a cabalidad; mientras no se entienda que las unidades de enlace no son una salvaguarda de la información, sino la primera puerta de entrada para garantizar el derecho de acceso a ella; y mientras no se lleve al corazón de la gestión pública la idea misma de la rendición de cuentas, no se habrá completado esta tarea.
Por último, las rutas que todavía debe recorrer México para tener un Sistema Integral de Rendición de Cuentas coherente y completo expresan una debilidad cultural que no debe pasar inadvertida. En buena medida, quienes toman decisiones públicas en el país siguen pensando en clave de poder, en clave de competencia de partidos, en clave de búsqueda de votos y de la construcción de clientelas y confianzas para seguir ganando elecciones. No se ha construido todavía una cultura suficiente para entender que tras la distribución de los poderes debe venir el ejercicio democrático de la autoridad y los gobiernos, ni mucho menos que la responsabilidad pública es al ejercicio del poder lo que el voto es a la distribución de cargos. Mientras no se asuma a cabalidad que la rendición de cuentas es el complemento indispensable para consolidar la democracia, no terminaremos la tarea.