1.-En los últimos meses hemos visto que el tema del combate a la corrupción es constantemente aludido pero pocas veces arropado de contenido. En medio de la lucha descarnada y violenta por el acceso al poder público, no se ha podido o no se ha querido avanzar en el diseño de una hoja de ruta que plantee las coordenadas para una política pública de combate a la corrupción.
2.-La Red por la Rendición de Cuentas se ha caracterizado por promover el diálogo constructivo entre organizaciones sociales, academia e instituciones públicas. Con el ánimo de construir y avanzar en el debate público es que en diciembre del año pasado, se conformó un grupo de trabajo pluridisciplinario[1] para avanzar en una propuesta de política pública para el combate a la corrupción en México. En este trabajo existió el acompañamiento y el diálogo permanente con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y las instituciones pilares que lo conforman, es decir, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Consejo de la Judicatura Federal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema. Además, se incluyeron recomendaciones derivadas de la reunión nacional a la que asistieron los 22 Comités de Participación Ciudadana de los sistemas locales anticorrupción. Lo que aquí se propone no es un documento acabado ni definitivo, pero sí delimita el problema público que habrá de determinar el rumbo que podría tomar el combate a la corrupción en el país.
3.-Una política pública es un conjunto de decisiones y acciones dirigidas para resolver un problema público. La solución de dicho problema dependerá no solo de la idoneidad del diseño sino de su eficaz implementación. En ese tenor, en el presente documento se reconoce que la corrupción es un problema multifactorial que no puede limitarse a la definición mínima del “abuso de un cargo público para la obtención de un beneficio personal” puesto que hay múltiples situaciones en que esto se presenta. Por ello, en esta propuesta se propone una especie de “taxonomía de la corrupción” que permite explorar sus diversas aristas para jerarquizar y orientar la intervención pública que se requiere.
4.-A pesar de ser un problema multifactorial consideramos que la corrupción es un problema de captura que se traduce en la (in)capacidad del Estado para controlar el particularismo. Se trata de una forma de organización social que se caracteriza por la distribución de bienes sobre una base no universalista que refleja el acceso y distribución restringida del poder. La captura de puestos, presupuestos, decisiones y el acceso limitado a la justicia es análogo a lo que los economistas conocen como “la tragedia de lo público”. Se trata de una situación en la cual diversas personas, actuando de manera individual o coordinada terminan por destruir un recurso compartido. Es la negación de lo público justificada a través de un cuerpo legal e institucional.
5.-El objetivo central de esta política es transitar hacia un régimen universalista donde el interés privado no vulnere la autonomía del Estado ni el ejercicio pleno de derechos. Para lograr este objetivo en este documento se proponen cuatro ejes generales: (i. profesionalización y generación de capacidades; ii. puntos de contacto, iii. fincamiento de responsabilidades, y iv. redes de corrupción) y uno transversal (v. participación ciudadana) a través de los cuales se formulan 16 acciones de política las cuales contemplan las fases de prevención, detección, corrección y sanción siempre con un enfoque de derechos.
6.-El núcleo duro de las acciones que se desprendan de esta política se orientan a la generación de capacidades centradas en el mérito, la legalidad, la certeza y la igualdad de oportunidades como el antídoto para evitar el reparto de los puestos públicos en base a relaciones personales o filiaciones políticas evitando así el ya conocido sistema de botín. También, busca eliminar la corrupción de ventanilla a través de la accesibilidad, transparencia, certidumbre, comprensión y simplificación de los puntos de contacto entre la ciudadanía y gobierno al momento de realizar trámites y servicios para evitar fenómenos como los coyotes o la discrecionalidad. Se pretende mejorar los procesos en el fincamiento de responsabilidades y el ejercicio de derechos para corregir, prevenir y sancionar conductas de corrupción. Finalmente, para evitar la utilización arbitraria e ineficiente del aparato punitivo del Estado en casos de corrupción, se busca incorporar estrategias de información y colaboración para el monitoreo, investigación y procesamiento de redes de corrupción las cuales funcionan de manera formal e informal. Estas acciones incorporan mecanismos y herramientas de información y participación que propician la denuncia, la vigilancia social y el debido proceso reforzando la reactividad, es decir, la capacidad de restringir el abuso.
7.-La Política Nacional Anticorrupción que aquí se propone busca conjurar tres errores frecuentes en las estrategias fallidas de combate a la corrupción: la primera es la visión individualista según la cual la corrupción es un problema de personas que se corrompen. Las soluciones que surgen de este mal diagnóstico se limitan a medidas parciales como los códigos de conducta o el exceso de controles que a la larga resultan ineficientes e insuficientes. El segundo problema es la visión punitiva de la corrupción a partir de lo cual se trata de contener la corrupción a través de sus efectos burocráticos buscando el castigo y el escarmiento público sin atender las reglas, relaciones y mecanismos que propician dichas conductas. Finalmente, el tercer error es la desnaturalización y el aislamiento del problema, sin involucrar contrapesos, acuerdos políticos ni contextos sociales específicos. Las recetas importadas no pueden limitarse a cambiar normas y crear nuevas burocracias si no se incluye en el diagnóstico y en las soluciones el contexto histórico del país.
8.- Para lograr los resultados esperados, la política nacional anticorrupción habrá de ser de aplicación transversal y nacional. Sin embargo, diversas características permiten anticipar ya algunas restricciones como: las asimetrías derivadas de las diferencias entre los distintos sistemas locales anticorrupción los cuales incluso enfrentan sistemas municipales anticorrupción, la falta de capacidades institucionales en Estados y municipios, la dificultad de articulación entre las distintas instancias, la urgencia de capacitar a los funcionarios integrantes de las instituciones clave para el combate a la corrupción.
9.-La participación de instituciones ajenas al andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción requerirá de convenios de colaboración específicos que impliquen claridad de objetivos, flexibilidad y seguimiento. Este tipo de colaboraciones responden a estándares internacionales como las orientadas a proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos.
10.- Las instituciones pilares del combate a la corrupción: órganos internos de control, entidades de fiscalización superior, salas especializadas en justicia administrativa y fiscalías especializadas en el combate a la corrupción así como los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información además de los propios integrantes de los comités de participación ciudadana deberán ser modelo de transparencia y rendición de cuentas. La forma en la que den a conocer los planes, programas, decisiones y las vías de vinculación con la sociedad serán clave para la legitimidad que requieren. Actualmente, muchas de estas instituciones no cumplen con estándares mínimos de profesionalización lo cual daña la credibilidad y el desempeño de las mismas.
11.-Como toda política pública, la política nacional anticorrupción deberá de considerar formas de auto-corrección. El Secretariado del Sistema Nacional Anticorrupción así como sus homólogos en los estados serán clave en la detección de necesidades de información y en el registro de las acciones de política más exitosas así como aquellas de difícil ejecución.
12.-Las instituciones que conforman el sistema nacional anticorrupción habrán de prever la suficiencia presupuestal para la implementación de la misma. Hasta ahora, las previsiones presupuestales para el desarrollo de los sistemas locales anticorrupción en las entidades federativas han respondido a criterios diferenciados por lo tanto, es necesario realizar una revisión sobre la pertinencia de los presupuestos asignados, la ruta para el ejercicio y los resultados obtenidos para garantizar los recursos necesarios para la ejecución de la política nacional anticorrupción.
13.-La política nacional anticorrupción será sometida a un proceso amplio de consulta. Esta tiene una doble intención: por un lado, mejorar las líneas de política propuestas, detectar nuevas restricciones que habrán de ser consideradas, fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo. Pero por el otro, la socialización con ciudadanos e instituciones que no forman parte ni del sistema nacional anticorrupción, ni de los sistemas locales es crucial. Contar con un diagnóstico compartido sobre el problema público aquí considerado permitirá emprender estrategias conjuntas de fondo, lo cual es indispensable para cualquier política anticorrupción exitosa.
14.-La Red por la Rendición de Cuentas hace un llamado público para que quienquiera que gane la presidencia de la República y cualquiera que sea el partido que ocupe la mayoría de los cargos de representación popular, considere que la batalla contra la corrupción no es una mera cuestión retórica, no es una batalla fácil y por lo mismo no puede ser instantánea. Por ello, lo que se requiere es una estrategia bien diseñada que permita atacar el problema desde sus raíces para así dar resultados y transformar los parámetros en los que se desenvuelven las instituciones, los gobiernos, los partidos políticos, los empresarios y la sociedad en general.
[1] En este grupo participaron: Oscar Arredondo (CPC), Adriana Burgos (RRC), Hugo Concha (IIJ-UNAM), Lorena de la Barrera (ONU), Marco Fernández (Tec de Monterrey/México Evalúa), Ana Elena Fierro (CIDE), Jaime Hernández Colorado (PIRC), Mauricio Merino (CIDE), Lourdes Morales (RRC), Víctor Tlatempa (RRC), Liliana Veloz (RRC), Maricarmen Pardo (CIDE), José Roldán Xopa (CIDE).
