El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la reforma por la cual desapareció el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), órgano garante de Oaxaca.
La comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, dijo que esta acción de inconstitucionalidad permitirá que el máximo tribunal del país determine si la reforma a la constitución de Oaxaca, que impacta en materia de acceso a la información y protección de datos personales, se apega o no a la Constitución.
“Estoy segura que la determinación que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación será un instrumento que nos dote de seguridad jurídica y en la que se asegurará que subsista la homogeneidad de nuestro sistema en materia de transparencia y, sobre todo, también en las leyes locales”, señaló.
El 1 de junio el Congreso de Oaxaca publicó la reforma a la constitución del estado que por la que se aprobó la desaparición del IAIP y se creó el Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno.
El comisionado Adrián Alcalá dijo que en un análisis sobre la reforma hecho por el Inai se advirtió que la desaparición del órgano garante local pone en riesgo la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, puesto que hay una omisión respecto de qué pasará durante el tiempo en que se pueda establecer un nuevo organismo garante.
El comisionado Oscar Guerra Ford señaló que con esta acción de inconstitucionalidad “presumimos la posibilidad de algunos incumplimientos en el procedimiento legislativo y algo importante es que por precedentes de la Corte estos tipos de elementos tienen estudio preferente”.
Ibarra Cadena se dijo segura de que la determinación que emita la SCJN “será un instrumento que nos dote de seguridad jurídica y en la que se asegurará que subsista la homogeneidad de nuestro sistema en materia de transparencia y en las leyes locales”.
Fuente: La Jornada
