A partir de la fiscalización a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que financia el 53 por ciento del total de escuelas de educación básica en el país- la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que la calidad de la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación el fondo presenta significativas insuficiencias que afectan los logros educativos nacionales.

Entre 2000 y 2010 la ASF, miembro de la Red por la Rendición de Cuentas, realizó directamente 136 auditorías al FAEB y a partir del 2008, por mandato del Presupuesto de Egresos de la Federación, la revisión ha comprendido las 31 entidades federativas .

Durante la presentación del proyecto Fin al Abuso, encabezado por 103 organizaciones civiles para demandar una mejor aplicación de los recursos destinados al pago de la educación, el titular de la Auditoría, Juan Manuel Portal, señaló los principales resultados de las auditorías a los recursos del FAEB.

“Por su importancia financiera y estratégica, el FAEB ha tenido una importancia especial en las acciones de fiscalización de la ASF, sobre todo en los años más recientes”, explicó Portal.

El FAEB, que en 2012 se integró con 263 mil 626 millones de pesos, financia la educación básica de los estados y representa una cuarta parte de las transferencias totales que reciben estados y municipios por parte de la Federación.

Sin embargo, la aplicación de estos recursos deja mucho que desear.  Estos son los principales conceptos observados en las auditorías  desde el 2000.

–            21.2% del total del monto no tiene documentación comprobatoria.

–            13.1% se destina al pago a comisionados al sindicato.

–            11.4% de los recursos no fueron reintegrados o lo fueron pero sin los intereses. respectivos, por lo que desconoce su destino.

–            11.1% no se ejerció.

–            7.5% se aplicó a conceptos no financiables en el FAEB.

–            7.2% se destinó al pago de compensaciones y estímulos de compromisos estatales con el sindicato que no estaban comprendidos en las minutas nacionales acordadas.

–            5.1% fue para pagos con cargo a centros de trabajo no financiables con el FAEB.

“Más allá de estas observaciones de auditoría, hay que estar conscientes que estamos ante un problema estructural que se vincula con la falta de una normativa de mayor envergadura sobre la utilización de estos fondos, en donde se establezca, inclusive de manera más clara y contundente, las consecuencias de una mala utilización de estos recursos”, aclaró Porta.

Por ello, la ASF promueve una ley nueva y especial para el gasto federalizado; un instrumento que pueda general los incentivos requeridos para minimizar la recurrencia de irregularidades en la aplicación de los fondos federales transferidos.

Portal señaló que la ASF continuará con sus esfuerzos para realizar una amplia cobertura de fiscalización, pero aclaró que los recursos de naturaleza municipal y estatal del fondo representan actualmente e 16% del total, por lo que es indispensable que los estados participen en esta iniciativa.