Estimados Senadores y Senadoras de la República:
La alarmante situación de ingobernabilidad en las prisiones del país, así como el nulo respeto por los derechos humanos de los internos no parece estar en la agenda pública del país. Se habla de ello, y sólo así, cuando hay un incidente más que lamentar. ¿Cómo modificar esta terrible situación?
En sus manos está la promulgación y correcta implementación de una ley única en materia de ejecución penal que siente las bases necesarias para la gobernabilidad, hoy inexistente, de los centros de reclusión, acorde con los principios de un Estado democrático y liberal. Ayudaría también a garantizar de una vez por todas que las autoridades traten justamente y respeten la dignidad humana de los internos, pues la pérdida de la libertad no debe causar más limitaciones a sus derechos. Además, el respeto a los derechos humanos de los internos colabora con el objetivo del sistema penitenciario de lograr su reinserción a la sociedad una vez cumplida la pena.
Reconocemos el esfuerzo que ha realizado la Cámara de Senadores para aprobar cambios que den continuidad a la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal, lo cual constituye un paso fundamental para construir un México más justo. En esta ocasión les hacemos un llamado para dictaminar en el siguiente periodo de sesiones la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, misma que está pendiente de aprobación y que responde al precepto constitucional de que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos…” (Artículo 18).
Es importante mencionar que las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos recibieron tres Iniciativas con Proyecto de Decreto, cada una de ellas con propuestas valiosas para reformar nuestro sistema de justicia penal. Consideramos que la propuesta más completa para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad es la que firmaron nueve Senadores y Senadoras de diversos orígenes y partidos políticos como Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero Morales, Angélica de la Peña Gómez, Omar Fayad Meneses, Luis Armando Melgar Bravo, Layda Sansores San Román y Dolores Padierna Luna, y que contaron con la asistencia y el apoyo de diversas organizaciones académicas y de la sociedad civil.
Con la aprobación de una ley única en materia de ejecución penal se aboga por:
- La creación de la figura de un juez de ejecución con la capacidad para proteger los derechos de los internos. Así, se busca acabar con la violencia al interior de los centros de privación de la libertad, las extorsiones, las cuotas, los traslados arbitrarios, los controles abusivos, entre otras prácticas lesivas para los internos.
- Los jueces de ejecución también serían los encargados de otorgar reducciones de penas según el comportamiento de los internos y no con base en estudios de personalidad o realización de actividades deportivas y culturales —como se hace actualmente—, pues éstos son derechos y no obligaciones.
- La asistencia psicológica que libremente soliciten los internos debe ser un servicio prestado con confidencialidad, y no un recurso institucional de control de conciencias o un referente para conceder o negar derechos.
- Se plantean cambios para proteger a los hijos de las internas, como la posibilidad de trabajo a favor de la comunidad cuando la pena privativa de la libertad impuesta a la persona no exceda a los diez años. Esto, con miras a cumplir con el artículo cuarto constitucional de garantizar el interés superior de la niñez, ya que de otra manera se siguen replicando esquemas que afectan a la sociedad.
- También se plantean condiciones específicas indispensables para garantizar atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica para las internas antes, durante y después del parto, ya que la privación de la libertad no debe influir en su derecho a la salud.
- El Ministerio Público sólo interviene en las controversias sobre modificación o sustitución de las penas que tienen sustento en la legislación penal sustantiva y no en cuestiones que derivan de la normatividad en materia de ejecución penal.
7. Se aboga por la transparencia y apertura dentro de prisiones. Los representantes de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a ingresar a las prisiones con fines de contraloría social. La seguridad no debe ser pretexto para la opacidad.
El mensaje es claro: el debido proceso no se agota en los juicios orales y públicos, sino que debe imperar durante la ejecución de la prisión preventiva y el cumplimiento de la pena.
Estimados Senadores y Senadoras, seamos consecuentes y garanticemos los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las más de 240 mil que hoy se encuentran privadas de su libertad. Actualmente, los internos en los centros de privación de la libertad son víctimas de violaciones a sus derechos humanos de forma continua y cotidiana, tal como documenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (con las Encuestas a Población en Reclusión), así como otras instancias. Las malas condiciones de vida al interior de los centros de reclusión, el hacinamiento (en México hay sobrepoblación en 220 de un total de 420 centros penitenciarios), la mala calidad de los servicios de salud, la insuficiencia de agua potable y alimentos de calidad, la violencia al interior de las cárceles (entre 2010 y mayo de 2013 ocurrieron 269 incidentes en el total de los centros penitenciarios en el país) y la incomunicación de quienes se encuentran al interior de los centros van en contra de los tratados internacionales de los que México forma parte.
En México Evalúa estamos convencidos de que sin justicia plena no hay política de seguridad que se sostenga. Es el momento idóneo para que el Estado mexicano proteja y garantice los derechos humanos de todos los habitantes del país, incluyendo a quienes se encuentran privados de su libertad. Esta iniciativa de ley nacional en materia de ejecución penal es una gran oportunidad.
Atentamente,
México Evalúa,
Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C.
Fuente: Animal Político
