El pasado 1 de diciembre se envió al Senado la Iniciativa Presidencial de Reforma Constitucional en Seguridad y Justicia, ante ello, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Senado para evitar cualquier intento de aprobación inmediata de la propuesta sin mediar un debate serio, amplio, incluyente e informado en torno a la iniciativa.
Mediante un pronunciamiento institucional, el Insyde dio la bienvenida a la propuesta porque crea una nueva oportunidad para abrir un debate nacional en torno a la seguridad pública. Asimismo, dicha organización reconoce que tanto la violencia como la inseguridad han alcanzado proporciones inéditas, por lo que asume su responsabilidad para así aportar soluciones estructurales que hagan falta.
Insyde pone énfasis en la inexistencia absoluta del concepto de los derechos humanos en el texto de dicha iniciativa. El instituto, dedicado al fortalecimiento de la convivencia democrática, también manifestó su preocupación de la propuesta mediante 11 pronunciamientos específicos; entre ellos, que no se haga mención alguna del conflicto de la policía con los derechos humanos y de su avanzada militarización, fenómenos con implicaciones especialmente graves. Además, ve preocupante que los mandos policiales en el país están lejos de la rendición de cuentas y el mando único puede hacer más débil la posibilidad de establecer contrapesos internos y supervisión externa efectivos.
Asimismo, plantea que la iniciativa no incluye una ruta que explique la trayectoria de reforma institucional, de la cual se pueda esperar la creación de policías estatales modernas, profesionales y sujetas a control democrático. De tal suerte que este instituto anticipa la potencial transferencia de las mismas culturas verticales y opacas hacia mandos “súper dotados”, aún más lejanos a la rendición de cuentas y por tanto con mayores oportunidades de violar los Derechos humanos y la ley.
Ante la crisis de gobernabilidad democrática asociada a la inseguridad y la violencia, Insyde aplaude la oportunidad que tiene el país para transformar sus políticas públicas en materia de seguridad pública, enfatizando que es posible construir un modelo policial democrático que dé paso a la reconciliación entre la policía y la sociedad.
