En primer lugar, agradezco a los organizadores de este coloquio la oportunidad de estar aquí y poder compartir el micrófono con la Comisionada Presidenta del #NuevoIFAI Ximena Puente así como con quienes han sido mis maestros: el Dr Mauricio Merino y la Dra. Jacqueline Peschard.

 Se me ha pedido hablar en representación de las organizaciones que conformamos el Colectivo por la Transparencia sobre los retos de la reforma Constitucional en esta materia, por lo que en mi intervención esbozaré algunas ideas al respecto. Espero poder reflejar el trabajo y las propuestas que hemos desarrollado en conjunto.

 Antes, sin embargo, y dado que la narrativa dominante en el debate público de aquí a un mes será la del mundial de fútbol, me gustaría iniciar con una provocación.

 Muchos de los problemas de este país se explican porque como sociedad le exigimos más al Director Técnico de la Selección Nacional, que a nuestras autoridades: Presidente de la República, Senadores, Diputados, Gobernadores, Presidentes Municipales, Delegados. En fin, el nivel de exigencia para el responsable de un equipo de fútbol es mayor al nivel de exigencia hacia quienes han asumido alguna responsabilidad pública, y cuyas decisiones tienen repercusiones duraderas en nuestra vida.

 En sí mismo eso es ya un dato revelador que tiene consecuencias prácticas sobre la calidad del debate y de la vida pública.

 Siguiendo con la analogía: con respecto a la información: el cúmulo de información disponible públicamente para cualquier persona interesada en la Selección Nacional es tal que a tan sólo un clic de distancia, o desde la palma de nuestra mano, podemos saber hasta el más mínimo detalle.

 Por otro lado, los mecanismos de participación para los usuarios finales de la información modifican significativamente el tipo de relación que establecen con otros actores: la remoción del DT en turno, el sistema de juego, la alineación. En fin. Siguiendo la analogía nos encontramos ante una situación en la que se da un ciclo virtuoso entre:

1. Suficiente información públicamente disponible.
2. El uso (estratégico) de dicha información.
3. Un tema que le interesa a las personas.
4. Su interés por hacer oír su voz.
5. La expectativa de que su voz sea realmente escuchada.
6. Que existan consecuencias a partir de ello.

Finalmente, el hecho más significativo y el que me parece arroja más luz en términos de los retos que enfrentaremos en el marco de la elaboración y aprobación de la legislación secundaria en esta materia queda de manifiesto con estos datos:

1. De acuerdo a la cifra que compartía la Comisionada Presidenta Ximena Puente en un evento la semana pasada en Yucatán: sólo 5% de la población ha ejercido alguna vez su derecho de acceso a la información.
2. Únicamente 25% de la población sabe que el acceso a la información es un derecho humano.
3. Estos datos son demoledores.

Entonces, llama poderosamente la atención la brecha que se abre entre un tema y el otro.

Cuando, en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas apelamos al ciudadano de a pie, a impactar en la vida de las personas hay una brecha casi insalvable entre los 100 millones de entrenadores que hay en el país, interesados, preocupados y ocupados en el tema, y la distancia en un tema que tiene el potencial de mejorar su calidad de vida, y potenciar el ejercicio de otros derechos.

¿Por qué en un caso sí y en el otro no? ¿Podemos extraer lecciones para adaptar y aplicar de un caso a otro?

Hasta ahí esta provocación.

Uno de los principales riesgos que advertimos respecto de las leyes secundarias es que caigamos en el lugar común que aqueja a nuestra vida pública: en el afán de resolver problemas creamos leyes que no se aplican e instituciones que no funcionan.

Hay muchos ejemplos en la historia que nos muestran que esto ha sido así. Traigo a cuenta 3 casos recientes:

1. La reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones.

2. Los casos de dos órganos autónomos de reciente creación: IFT y Cofece.

3. La reforma en 2007 al 6° Constitucional, que no se tradujo en un cambio efectivo y se quedó durmiendo el sueño de los justos.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que fue reconocida por promotores, escépticos y críticos como un avance significativo, no sólo se ha atorado en la legislación secundaria, sino que se han dado pasos en reversa.

Lo que quedó plasmado en la reforma constitucional se ha diluido en la legislación secundaria, lo que pone en riesgo el potencial y los alcances de esta reforma.

Algo similar ocurre con el IFT y Cofece: órganos de reciente creación con autonomía constitucional en la letra, pero que en la práctica no cuentan con los dispositivos, procedimientos y mecanismos que les permitan ejercer esa autonomía, y permanece supeditados a otras autoridades.

Ante este riesgo, tenemos el reto de aterrizar y dotar de contenido lo establecido ya en la reforma Constitucional en materia de transparencia.

Y la obligación de dar las discusiones hacia adelante. De aquí en adelante, todo lo posible. De aquí para atrás, imposible.

Nos encontramos pues en un momento fundacional: lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá repercusiones serias en los próximos años.

Traigo a cuento otra analogía:

Hace un par de años, en el marco de la discusión propuesta desde la Red por la Rendición de Cuentas sobre la fragmentación institucional, se planteaban posibles alternativas a partir de dos modelos que se construyeron con base en dos equipos de fútbol:

Por un lado, el primer modelo ponía en práctica un sistema que le hacía a este equipo jugar el mejor fútbol del planeta. Cada jugador se sabía pieza importante del sistema, cada uno sabía perfectamente a lo que jugaba, cuál era su contribución y cuál era el resultado que se buscaba en última instancia.

El otro modelo, a base de abrir la cartera incorporaba grandes nombres pero que nunca se lograron articular como un sistema. Más bien, a partir de esfuerzos aislados y dispersos de cada pieza, se buscaba alcanzar los resultados.

La diferencia entre ambos modelos resultaba más clara cuando estos equipos se enfrentaba: el modelo que privilegiaba una lógica de sistema se imponía, y por mucho, a los esfuerzos aislados, fragmentados y dispersos de las individualidades.

Eh ahí otra lección valiosa que podemos extraer para la elaboración de las leyes generales en esta materia: podemos repetir el error de crear más instituciones, que contribuyan a la fragmentación y que no solucionen el problema, o podemos optar por una lógica de sistema, en donde el IFAI sea el eje articulador, puesto que será el protagonista de la política pública del Estado mexicano en la materia.

La discusión respecto de las leyes generales y la conformación de un sistema no puede ser de autoreferencia. El Sistema Nacional de Transparencia no es sino el medio para alcanzar los objetivos que se propone la reforma Constitucional.

Por ello, desde el Colectivo por la Transparencia proponemos que la elaboración de la legislación secundaria y la conformación de un Sistema Nacional de Transparencia se dé a partir de los siguientes referentes:

1. Lo que estamos discutiendo es el ejercicio de un derecho humano fundamental. Más allá de la discusión sobre el contenido de las leyes y los atributos del sistema, no podemos perder de vista el resultado final: garantizar el ejercicio de un derecho humano.

2. Énfasis en la ciudadanía: La reforma Constitucional otorga más facultades y atribuciones al IFAI y a los órganos garantes locales, así como obligaciones a un nuevo catálogo de sujetos obligados. Todos estos elementos deben desarrollarse a partir de un enfoque que coloque en el centro al ciudadano.

3. Énfasis en los resultados. No sólo que tengamos más y mejor información, sino que eso se traduzca en mejores resultados, en intervenciones públicas más efectivas y en la generación de valor público.

4. Finalmente, el cuarto referente tiene que ver con la dimensión político-institucional así como la dimensión político-administrativa.

5. Es decir, la discusión de las leyes secundarias y del Sistema Nacional de Transparencia deben considerar la calidad institucional y la calidad gerencial. Para ello, es necesario tomar en cuenta al menos los siguiente elementos:

1. Arquitectura institucional: el diseño institucional desde una perspectiva a nivel macro, que delinee el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia y de las instituciones que lo componen.

2. Fontanería institucional: dispositivos, mecanismos, procedimientos, prácticas y rutinas de gestión que hagan operativa y viable la reforma constitucional y la legislación secundaria y que contribuyan al funcionamiento del sistema.

3. Ecosistemas en torno a la información: en una lógica dinámica e interactiva, que trascienda la disponibilidad de la información y que se oriente hacia su uso estratégico.

Desde el Colectivo por la Transparencia, nos hemos dado a la tarea de elaborar una propuesta de Ley General en materia de Transparencia y Acceso a la Información.

Esta propuesta es el resultado de nuestra experiencia de más de una década en el uso y ejercicio del Derecho de Acceso a la Información como una herramienta para la exigibilidad de otros derechos fundamentales, así como de la revisión de los mejores estándares nacionales e internacionales en la materia.

Nuestro objetivo con esta propuesta es aportar un insumo valioso, que dialogue con las otras propuestas que también se han presentado y que nos permita dar las discusiones hacia adelante, siempre bajo una perspectiva de garantía de los derechos fundamentales.

Los elementos más relevantes de nuestra propuesta son:

   .      1)  Interpretación de la Ley conforme al respeto y la garantía de los derechos humanos y el establecimiento del mandato expreso para que el nuevo órgano garante realice control de convencionalidad y aplique el principio pro persona.

   .      2)  Generación de información. Presunción de existencia de la información cuando vaya acorde a las atribuciones de los sujetos obligados y facultades para que los Comités de Información y los órganos garantes puedan ordenar la generación de información a los sujetos obligados.

   .      3)  Declaratorias de inexistencia. Únicamente procede la declaratoria de inexistencia de la información cuando quede fehacientemente acreditado que la información solicitada no es competencia de la autoridad, ni está obligado a generarla en virtud de sus atribuciones legales.

   .      4)  Datos abiertos. Definición de datos abiertos conforme los principios internacionales en la materia y obligación de la autoridad de publicar la información en esta modalidad para fomentar su reutilización e interoperabilidad.

   .      5)  No podrá reservarse información alguna que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos de conformidad con el derecho internacional humanitario y los tratados internacionales o delitos de lesa humanidad.

   .      6)  Acceso a la información y grupos vulnerables. Obligación para los órganos garantes de socializar el DAI en sus áreas territoriales de competencia y entre los grupos en situación vulnerable con estrategias acordes con su contexto sociocultural.

   .      7)  Portal de Obligaciones de Transparencia Nacional. Desarrollar e implementar una plataforma electrónica que concentre las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados del país.

   .      8)  Sistema Infomex Nacional. Desarrollar e implementar una plataforma electrónica única que permita realizar solicitudes de acceso a la información a todos los sujetos obligados del país.

   .      9)  Proceso de designación de comisionados con elementos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas para fomentar que los titulares de los órganos garantes del DAI sean personas especializadas e independientes de los poderes públicos y fácticos.

   .      10)  Incorporación de la prueba de daño. Obligación de los sujetos obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona el interés público, y que el menoscabo que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla.

   .      11)  Incorporación de la prueba de interés público. El análisis que permite acceder a información clasificada por existir un interés superior al previsto en una norma para proteger determinada información, generando un beneficio al ordenar su publicidad.

   .      12)  Publicidad obligatoria de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos y de las y los legisladores como parte del catálogo de la información pública de oficio.

   .      13)  Reconocimiento del doble estándar para los servidores públicos. Las personas públicas deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre ellas, para juzgar adecuadamente su desempeño.

   .      14)  Sistema de sanciones mixto, medidas de apremio, infracciones y denuncias vinculadas a la entrega de información.

   .      15)  Derogación de disposiciones normativas que contravengan esta Ley, particularmente aquellas que establecen reservas a priori de información y todos los reglamentos que en su momento fueron vigentes y aplicables para los sujetos obligados.

Conclusión

En conclusión, podemos afirmar que vamos por buen camino: hay ya un grupo de trabajo integrado por senadores de los distintos grupos parlamentarios, órganos garantes, la academia y organizaciones de la sociedad civil, que nos hemos dado a la tarea de iniciar los trabajos en preparación de una discusión franca, abierta y sustantiva para la elaboración de los proyectos de las leyes generales que mandara la Constitución.

En este sentido, hay ya varios proyectos de ley sobre la mesa: está por ejemplo el del CT y MI, así como otras propuestas del propio IFAI y de la COMAIP además de distintos proyectos que se han planteado desde el propio Senado.

Desde el Colectivo por la Transparencia somos claros al señalar que no queremos prisas legislativas en detrimento de la calidad de la legislación secundaria, pero tampoco podemos caer en el extremo opuesto: el letargo legislativo.

Tenemos la responsabilidad, y aquí me tomo la licencia de hablar por todas y todos los presentes en este primer Coloquio, de trabajar para que el IFAI continúe siendo lo que ha sido en el país en los últimos diez años: una pieza clave de nuestra democracia.

Muchas gracias.