Guadalajara, Jalisco, 2 de diciembre de 2021

Me siento muy honrado de participar en la mesa inaugural del Seminario Internacional sobre corrupción y democracia, organizado y convocado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Para mí, como presidente del Instituto Nacional Electoral, es un auténtico privilegio formar parte de las deliberaciones de este seminario, que se organiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en esta 35ª edición se está convirtiendo en un importantísimo foro de defensa de la democracia, un verdadero oasis de inteligencia y diálogo frente a los graves riesgos que acechan a la democracia en la actualidad.

Una de esas amenazas es, precisamente, la pretensión dogmática de hablar a partir de una supuesta unanimidad, el intento de imponer una verdad absoluta, el acoso a los centros de estudios y de enseñanza fundados en el pensamiento crítico, la descalificación a la prensa libre y al periodismo crítico, el ataque a las instituciones de la transición democrática como los órganos electorales o los de transparencia… En una palabra, la persecución de las ideas.

Y, en ese sentido, la FIL 2021 ya está resultando histórica, al erigirse como una trinchera de diálogo y de defensa de la democracia, la tolerancia y el pluralismo frente al pensamiento único.

Otra amenaza grave contra la democracia es el tema central de este seminario: la corrupción.

La corrupción que desgasta la legitimidad obtenida por el gobernante en las urnas. La corrupción que socava la confianza de la ciudadanía en la política; alienta el desencanto y la decepción con proyectos que, en un momento dado, recibieron el respaldo popular en las urnas.

La corrupción irrumpe en la necesaria relación entre gobernantes y gobernados, aleja a la población de la política y desgasta la credibilidad de las instituciones.

Desgraciadamente, éste es un problema que ha aquejado a México durante décadas, y que seguimos padeciendo.

Sin duda, uno de los grandes males que se incubaron en el régimen post revolucionario es el de la corrupción. Durante las siete décadas del régimen de partido hegemónico fueron muchos los episodios que agraviaron a la ciudadanía y muy diversas las prácticas corruptas que se incubaron en el sistema y, desgraciadamente, en la vida cotidiana, mimas que perduran aún en nuestros días. A grado tal grado llegó esa asunción de normalidad, que incluso hubo un presidente que llegó a decir que la corrupción era intrínseca a la cultura de los mexicanos.

El problema fue que, cuando México alcanzó finalmente la alternancia en el poder presidencial –en el año 2000– y cuando las condiciones básicas de funcionamiento democrático del Estado prevalecieron, la corrupción no se terminó. Los nuevos gobernantes asimilaron una forma de hacer política y gestión administrativa que reprodujo las peores prácticas en esta materia del anterior régimen. Y lo mismo ocurrió en el sexenio pasado, generando la idea colectiva de que la alternancia de distintas fuerzas políticas en el ejercicio del poder no implicaba necesariamente una nueva forma de gobernar.

La idea de que “todos son iguales” se instaló en el imaginario colectivo y produjo el desencanto que, en buena medida, empujó una tercera alternancia en los comicios de 2018.

Acabar con la corrupción fue la principal promesa de la campaña de quien resultó ganador en esos comicios, una de las principales ofertas del gobierno, pero aún no puede considerarse como una propuesta cumplida. Sigue siendo –al igual que un Estado social, al igual que una democracia que resuelva efectivamente los problemas de la gente– una promesa abierta y aún pendiente o, para decirlo con Bobbio, una de las promesas incumplidas de la democracia.

Y también hay que decir que construir una vida pública más limpia, más transparente, con rendición de cuentas y con controles institucionales y democráticos al ejercicio el poder, no depende únicamente del gobierno. En esa construcción juegan un papel relevante las universidades y también la sociedad; una ciudadanía crítica, activa, participativa, involucrada en la vida pública; informada y atenta a la manera en la que se ejercen los recursos públicos.

El problema de la corrupción no lo va a resolver solamente el gobierno, o una sola fuerza política. Para desterrar ese mal de nuestra vida pública, será necesario que nos involucremos todas y todos: las instituciones del Estado, los tres Poderes de la Unión, los organismos autónomos constitucionales, la sociedad civil y, desde luego, la academia.

Y es que, en democracia, la concentración del poder a partir de la erosión de los controles y contrapesos representa también una forma de corrupción, en la medida en la que se alienta el ejercicio discrecional, arbitrario, opaco e indiscriminado del poder público; es decir, la némesis misma de lo que supone la idea de la democracia constitucional.

Los ataques, las descalificaciones, las amenazas –hoy, por cierto cumplidas– de graves restricciones e, incluso, asfixia presupuestal a los órganos de control del poder en lo único que abonan es a crear un terreno fértil para que germinen prácticas autocráticas y, por ello, invariablemente corruptas.

En ese sentido, celebro la iniciativa de la UdeG para celebrar este seminario, y felicito a los doctores Lourdes Morales y Mauricio Merino, así como al CUCEA y a su Rector, el maestro Gustavo Padilla, por la integración de un excelente programa de conferencias y jornadas de reflexión, de las que seguramente surgirán importantes ideas y propuestas para enfrentar todas y todos, este flagelo.

Muchas gracias y mucho éxito en los trabajos del seminario.