Por Mariana García
*Investigadora en el Programa de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa
La agenda de transparencia y rendición de cuentas en México presenta señales encontradas de avances y retrocesos en términos del control y la fiscalización de los recursos, el acceso a información de calidad para evaluar las políticas públicas y las herramientas disponibles para controlar la corrupción en el servicio público. En las últimas semanas la dualidad de nuestro sistema de rendición de cuentas ha quedado expuesta en múltiples espacios públicos, evidenciando los retos que persisten en la construcción de una agenda sólida de transparencia y acceso a la información que fortalezca nuestra incipiente democracia.
Mientras la semana pasada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) cumplía 11 años de entrar en vigor en el país, esta semana se prevé que la Suprema Corte de Justicia vote en contra de abrir al escrutinio público las declaraciones patrimoniales de diputados federales. A este respecto, vale la pena mencionar que la legislación vigente obliga a todos los servidores públicos a presentar su declaración de activos, más no a hacerla pública. Por ello, sólo 20% de las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos que laboran en la administración pública se encuentran disponibles para consulta ciudadana.
En términos de acceso a la información presupuestaria, hemos logrado enormes avances como lo documentan las iniciativas de apertura de datos y ciudadanización de los ingresos y egresos del gobierno federal y nuestros avances en los indicadores de presupuesto abierto. No obstante, esta situación no es homogénea en todo el país, pues la información presupuestaria que presentan los estados contiene datos con un nivel de desagregación y calidad muy desigual.
Por otro lado, la información con la que contamos para evaluar políticas públicas en el país, sigue siendo muy deficiente. México Evalúa ha insistido en la necesidad de contar con información confiable y transparente en rubros torales para el país: por ejemplo, en la apertura de los criterios para seleccionar los municipios con los que arrancaría la Cruzada contra el Hambre, la estrategia estelar de este gobierno en materia de combate a la pobreza. O bien en la metodología empleada para construir los indicadores que permiten dar seguimiento al fenómeno delictivo y evaluar la política de seguridad pública en el país.
La apertura de datos públicos, la rendición de cuentas en el ejercicio del poder y la existencia de indicadores confiables son un mecanismo eficiente de fiscalización y disuasión de la corrupción. Pero la oportunidad en el acceso a la información y la existencia de contrapesos al poder público son también un enorme incentivo para evitar el uso indebido de recursos públicos y el abuso de la función pública.
Aun cuando el gobierno federal no es el paraíso de la transparencia fiscal y la eficiencia en el gasto, la existencia de pesos y contrapesos al Ejecutivo federal no es desdeñable, gracias a: la existencia de un Congreso dividido, de un Poder Judicial fortalecido, órganos de vigilancia y fiscalización con autonomía técnica y de gestión como la Auditoría Superior de la Federación, una institución garante del derecho de acceso a la información (IFAI) y organizaciones no gubernamentales y colectivos que desde la sociedad civil empujan los temas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, combate a la corrupción y evaluación para mantenerlos en la agenda pública.
A nivel federal persisten entonces retos importantes en términos de la calidad de la información y la oportunidad con que se fiscalizan los recursos públicos y se conocen los reportes de gasto del Ejecutivo Federal. Asimismo, la cultura de la transparencia y las prácticas de rendición de cuentas no han permeado a los otros dos poderes de la Unión, pues el Legislativo y el Judicial se mantienen como instituciones sumamente opacas en su ejercicio.
El desafío para la transparencia es aún mayor en los estados: el endeudamiento excesivo que ha tenido lugar en las entidades federativas en los últimos 6 años y los casos recientes de corrupción estatal, son sólo un botón de muestra. La heterogeneidad de las leyes de transparencia estatal, la debilidad con que operan los contrapesos al gobernador (Congresos estatales y órganos de fiscalización local) y la falta de institucionalidad de mecanismos para fiscalizar y controlar el gasto público en los estados agravan la situación a nivel local.
El Cuadro 1 que ya fue presentado en esta entrada documenta nuestro poco optimismo sobre la situación que se vive en las entidades federativas y municipios del país. En varios estados de la República conviven leyes de transparencia de primer mundo con arreglos políticos arcaicos; legislaciones de responsabilidad política laxas con servidores públicos reacios a la apertura; necesidades apremiantes que atender en materia de acceso a educación, salud y seguridad social con decisiones de gasto poco claras y endeudamiento injustificado.
México Evalúa inaugura este espacio de reflexión para acompañar la labor de otras organizaciones civiles que trabajan para que la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia gubernamental se conviertan en las piedras angulares del ejercicio del poder. El monitoreo continuo del quehacer gubernamental y la evaluación de los resultados de la acción pública son la única manera de llamar a cuentas a nuestros gobernantes y de abatir la ineficacia y la impunidad en el uso de recursos públicos.
Es nuestra labor como ciudadanos comunicar a los políticos de siempre que México no es el mismo de antes. La consolidación de la agenda de transparencia y rendición de cuentas en el país está, en buena medida, en manos de una sociedad civil que ha fortalecido sus capacidades de monitoreo y análisis. Sólo así lograremos que las buenas prácticas gubernamentales sean la regla y no la excepción en los tres niveles de gobierno.
www.mexicoevalua.org
@mexevalua
Fuente: Elaboración México Evalúa, 2013.
La tabla está ordenada por el nivel de deuda per cápita. Deuda per cápita (1-/32+): con información de Reforma para todas las entidades federativas en 2012, febrero 2013. Ranking Transparencia (1+/32-): con información del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) IMCO, 2012. Ranking Corrupción (1-/32+): con información del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, Transparencia Mexicana. Fiscalización y Rendición de Cuentas (1+/32-): con información del Ranking de Normatividad estatal CIDAC, 2011. Acusaciones a gobernadores: esta categoría incluye acusaciones a gobernadores y/o colaboradores suyos por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, endeudamiento excesivo a su estado e, inclusive, nexos con el crimen organizado; con información de fuentes periodísticas. nrr: no hay registro reciente.
