La batalla por la transparencia no es nueva y lleva implícita la lucha social comprometida y constante; sin embargo, nunca como ahora el gobierno se había empeñado descaradamente en eliminar cualquier mecanismo que lo obligue a transparentar sus acciones, atacando desde la ilegalidad y el abuso de poder, el derecho fundamental a la información que, muy a su pesar tenemos reconocido en la Constitución.

Durante el siglo pasado, México fue un país opaco, siendo esta una característica del régimen autocrático que vivíamos. La información le pertenecía solamente al gobierno, el ocultamiento era una estrategia de la autoridad, que manejaba los datos a su conveniencia, con información dosificada, maquillada, con finalidades de control masificado del pueblo, neutralizando periodistas e investigadores. En 1977 en la Constitución Mexicana se incluyó el derecho a la información, pero era tan ambiguo y general que no pasaba realmente de ser un buen deseo, pues no establecía ni cómo ni cuándo ni cuánto.

Al inicio de este siglo, la presión social fue tomando forma teniendo como actores principales al llamado ‘Grupo Oaxaca’, el colectivo ‘Juan Ciudadano’ y organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos, empresarios, que se dedicaron a poner en la agenda pública el derecho fundamental a conocer las actividades del gobierno y a exigir leyes y reglamentos que llevaran a la realidad este derecho, así como la existencia de un instituto para vigilar su cumplimiento. En 2002 se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, el mismo Fox reconoce que “La Ley es un triunfo de la sociedad civil”.

Como país llevamos más de 20 años caminando para perfeccionar la transparencia en la información pública gubernamental. Las cosas no han sido perfectas, pero hemos tenido leyes cada vez más claras, plataformas digitales unificadas de fácil manejo que permiten realizar consultas y formular preguntas de manera sencilla, anónima y sin tener que justificar para qué se quiere la información. El instituto garante sanciona a las autoridades que se niegan a compartir sus datos y las obliga a hacerlo y este modelo nacional está replicado en cada estado.

Al gobierno no le gusta la transparencia, tiene amordazado al instituto garante nacional (INAI), los senadores no han nombrado a los comisionados necesarios para que funcione en pleno y no lo han hecho por órdenes expresas del Presidente de la República, porque no quiere que nadie lo obligue a presentar los verdaderos datos. Décadas de lucha social en pro de la transparencia pisoteadas en un solo sexenio.

Fuente: Milenio