Falta de reglas que obliguen a los funcionarios a hacer pública su declaración patrimonial, la ausencia de controles para las empresas que se relacionan con el gobierno, así como la necesidad de sanciones contundentes para quienes cometan faltas, son algunos de los “huecos” en la legislación sobre conflicto de interés que quedan en evidencia tras la polémica generada por las residencias de Angélica Rivera y Luis Videgaray, coinciden especialistas en transparencia y rendición de cuentas.
Expertos de Transparencia Mexicana (TM), de Fundar y de la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc) consideran que las autoridades federales no sólo deben aclarar estos casos de la primera dama y del titular de Hacienda, sino promover cambios legales para evitar que otros similares ocurran en el futuro.
La controversia comenzó el 9 de noviembre, cuando el portal Aristegui Noticias publicó que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, compró una mansión a una compañía de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, quien obtuvo contratos de obra pública cuando Peña era gobernador del Estado de México (2005-2011) y actualmente compite en licitaciones federales.
Ante las exigencias para que esclareciera los hechos, Peña negó que hubiera un conflicto de interés en el caso, es decir, una situación en la que un funcionario puede obtener un beneficio privado de su cargo público. En tanto, Rivera dijo que adquirió el inmueble con el dinero que recibió de Televisa —donde trabajó como actriz durante 25 años— y prometió vender la vivienda.
La polémica sobre el tema recibió un nuevo impulso el pasado 11 de diciembre, cuando el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que Videgaray, en octubre 2012, compró una casa a otra compañía de Grupo Higa. Al respecto, el funcionario rechazó irregularidades porque hizo la operación cuando no tenía ningún puesto y afirmó estar dispuesto a ser investigado.
A continuación te presentamos los puntos que los especialistas piden atender en esta materia.
1. Declaración patrimonial pública
Alejandro González Arreola, director de Gesoc, consideró que el primer “vacío” que debe subsanarse en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es establecer que los funcionarios estén obligados a publicar sus declaraciones patrimoniales…
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