La foto de la indígena mazateca Irma López Aurelio obligada a parir en el jardín del Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz de Oaxaca ante el rechazo del personal de salud para brindarle atención médica oportuna, permitió documentar las barreras que enfrentan muchos mexicanos para lograr un trato digno, justo y para acceder a derechos fundamentales. La mediatización del caso Irma generó tal indignación que el Gobierno de Oaxaca se vio orillado a ofrecerle una disculpa pública. Con el tiempo, la presión política desapareció sin que existiera reparación por el agravio. Meses más tarde, casos similares fueron denunciados en Ayutla de los Libres, Guerrero; Villahermosa, Tabasco y Polanco, Ciudad de México sin que hubiera grandes consecuencias.
Junto a estos casos, en el anonimato de la vida diaria donde no suelen haber fotógrafos y redes sociales, todos los días se producen conflictos y arbitrariedades en la relación entre ciudadanos y autoridades públicas. En este primer contacto del ciudadano con la administración pública, los actos de injusticia producen en el mejor de los casos enojo y en el peor, resignación. Revertir esta situación con propuestas basadas en la innovación no es asunto fácil y sin embargo, el CIDE y 17 instituciones académicas y sociales más han comenzado a trabajar en ello.
En el portal www.justiciacotidiana.mx se pueden encontrar, así como enviar testimonios sobre conflictos de naturaleza laboral, administrativa, familiar, mercantil, laboral y vecinal. Estos servirán como insumos para alimentar los resultados de los 6 foros que se realizarán en diversas ciudades del país. Esta semana toca el turno de la justicia para los ciudadanos y se realizará el jueves 29 en la ciudad de Guanajuato.
El diagnóstico de partida (http://justiciaadministrativa.cide.edu/) muestra que en México los ciudadanos no utilizan las herramientas que existen para reportar actos de autoridad. Las causas son múltiples: desconfianza, falta de resultados, ineficiencias, acceso asimétrico, altos costos y falta de garantías de imparcialidad son solo algunas.
Por ello, para que las propuestas de estos foros sean viables se trata, en primer lugar, de salir de la rutina para detectar formas de hacer y de pensar para proponer rutas institucionales que modifiquen inercias e incentivos. En segundo lugar, se trata de abrir espacios de diálogo plurales, prestar oído fino y dar voz a quienes no son escuchados. Es decir, canalizar y ordenar propuestas para atender exigencias.
Finalmente, se trata de generar una agenda para trabajar sobre el capital social de autoridades y ciudadanos, esto es, sobre la confianza, las normas de reciprocidad y las redes de compromiso cívico. El “tener influencias” no debe de ser la guía de la acción pública así como los actos arbitrarios y discriminatorios no pueden seguir en la impunidad. Tampoco podemos seguir inermes frente a la injusticia. Para todo esto se requiere de voluntad, compromiso y proyección más allá del contexto electoral y de la presión de Ayotzinapa. De no ser así, seguiremos haciendo corajes y sin lograr el balance entre justicia para los ciudadanos y eficiencia administrativa.
