La tarde del 20 de octubre sorprendió con la noticia de la remoción del titular de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto. En su comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) explicó que la decisión obedeció a que el entonces Procurador de le FEPADE, había violado lo dispuesto en el Código de Conducta de la institución. No tardaron las reacciones de diferentes actores de la política, la sociedad civil y la academia, afirmando lo cuestionable de esta decisión y exigiendo una aclaración detallada sobre sobre los criterios de esta decisión. (Comunicado)
La realidad es que independientemente de que las declaraciones que en días anteriores había dado Nieto sobre las supuestas presiones recibidas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para declararlo inocente en el caso Odebrecht; la decisión de removerlo se dio en un entorno en el que se pone nuevamente en duda la autonomía y la fortaleza de las instancias de procuración de justicia en el país y justo, cuando el año electoral ha dado inicio.
Los resultados de la FEPADE en el fincamiento efectivo de responsabilidades no ha sido efectivo, en su informe 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha puesto en evidencia esto[1] : del total de denuncias, mil 465 (43%) terminaron en averiguaciones previas y solo el 24%, se consignaron a un juez sin detenido (ASF, 2015). Este tipo de decisiones vulneran aún más la autonomía y la eficacia que pueden llegar a tener nuestras instituciones para lograr un buen fincamiento de responsabilidades. Apenas se estaban iniciando las indagatorias en este caso y se tomó la decisión de remover al titular de la FEPADE apelando al Código de Ética de PGR. Esto, sin duda, entorpecerá los avances en esta investigación que podría traer a la luz la operación de una compleja red de corrupción. Ahora la atención estará centrada no en el caso, sino en la lucha en el Senado para apelar a esta decisión.
El tema seguirá dando mucho de qué hablar pues además, pone de manifiesto, una vez más, la urgencia de garantizar el diseño de una Fiscalía General de la República que verdaderamente ofrezca a los mexicanos autonomía en sus decisiones y blindaje de decisiones políticas en el seguimiento de cualquier caso de impartición de justicia. La decisión que tomó el encargado de despacho de la PGR en estos días, en torno al titular de la FEPADE, es lamentable y pone en evidencia que estamos lejos de lograr que nuestras instituciones tengan las condiciones mínimas de independencia para impartir justicia y garantizar nuestros derechos.
Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva de la RRC
[1] http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0115_a.pdf
