La homologación de los procesos de Contabilidad Gubernamental a nivel municipal representa uno de los principales retos a los que se enfrenta la administración pública en nuestro país. Aun reconociendo las diferencias en cuanto al grado de desarrollo de los distintos municipios del país, es indispensable alcanzar un consenso, aun elemental, respecto a los instrumentos necesarios para una rendición de cuentas efectiva.
La Contabilidad Gubernamental Municipal tiene como objetivo el registro contable y presupuestal de los ingresos y egresos públicos y las operaciones financieras, así como proporcionar información sobre la gestión de los fondos públicos para la evaluación de las acciones de gobierno, la planeación y programación de la gestión gubernamental y la integración de la Cuenta Pública.
Una correcta utilización de la Contabilidad Gubernamental Municipal permite que exista consistencia en la presentación de los resultados del ejercicio, se dé una mayor facilidad en su interpretación y se cuente con las bases necesarias para consolidar la información contable.
En diversos foros se ha manifestado la gravedad que, para la conservación del patrimonio público representa un registro deficiente de la hacienda a nivel municipal.
Más aún, la falta de una adopción de criterios a nivel nacional para el registro de las operaciones a cargo de las autoridades municipales ocasiona un grave problema de consistencia en cuanto a la presentación de las operaciones a nivel municipal e impide, por lo mismo, el establecimiento de ejercicios de comparación válidos en cuanto al desempeño gubernamental, tanto a nivel interestatal como, inclusive al interior de los mismos estados.
Con la expedición de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entró en vigor el 1º de enero de 2009, y con efectos plenos hasta 2012, se espera obtener importantes beneficios al obligar que todos los niveles de gobierno cuenten con una contabilidad bajo una base patrimonial que inhiba, por un lado, prácticas irregulares e ilícitas en las operaciones que se efectúan, y por otro, haga posible que las tareas de fiscalización respectivas se lleven a cabo de mejor manera.
Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en el país, cerca de 1,750 municipios, que representan más del 70 por ciento de los existentes, tienen una población con menos de 25,000 habitantes, muchos de los cuales no cuentan con la capacitación, el desarrollo tecnológico, los recursos económicos y las condiciones necesarias para cumplir oportunamente con las disposiciones y plazos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Por ello, los sistemas de contabilidad municipal deben diseñarse y operarse para facilitar el registro, la comparación y la fiscalización de los ingresos, activos, pasivos, gasto, deuda y patrimonio y así fortalecer la transparencia y la calidad de la información con la que los gobiernos municipales deben rendir cuentas a la sociedad.
Es importante destacar otro factor: las condiciones en que se transfiere la administración al cambio de autoridades de los municipios.
En principio, los gobiernos entrantes se preocupan sobre cómo y en qué condiciones y circunstancias van a recibir la administración, en tanto que los funcionarios salientes se enfocan al cómo y qué van a entregar e informar de su gestión; como resultado de este ejercicio democrático, las previsiones de la entrega de la administración condicionan en gran medida las acciones de aquellos que la reciben.
Una entrega-recepción ordenada y bien planeada garantiza que el riesgo de tomar decisiones inadecuadas al final o al inicio de una gestión se reduzca; que la transferencia del gobierno y de las funciones inherentes sea coordinada y segura, y no afecte la continuidad de la gestión municipal; genere certidumbre y confianza para las partes; y, que no existan improvisaciones y faltas innecesarias.
En otro ámbito, una adecuada transición de gobierno se traduce en una mayor percepción social de transparencia y de trabajo continuo y ordenado.
Este proceso debe facilitar la transparencia del manejo de los recursos públicos aplicados por los municipios, el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas al inicio del ejercicio de gobierno y, en particular, asegurar que no existan interrupciones en la gestión municipal, por el cambio de administración.