Los diputados del PRD en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal presentaron ayer una iniciativa innovadora para regular de manera no prohibicionista el consumo de mariguana en la Ciudad de México. Se trata de un proyecto legislativo que adopta el llamado enfoque de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicotrópicas, alternativo al paradigma imperante desde 1961 en el mundo -exacerbado a partir de la declaratoria de guerra contra las drogas de Richard Nixon en 1971-, que ha puesto la persecución policíaca e incluso militar como eje de la política de drogas con el objeto de combatir la oferta e inhibir la demanda de sustancias consideradas un peligro para la salud de la población.

La reducción de riesgos y daños pretende abordar el asunto del consumo de estupefacientes desde la perspectiva de sus efectos concretos sobre la salud de los consumidores, en lugar de la persecución indiscriminada del comercio de las sustancias. De acuerdo con este enfoque, la política pública debe tener como ejes la protección de la salud, la prevención y el tratamiento y no la persecución de los usuarios, en el entendido de que se trata de adultos que toman decisiones libres sobre su cuerpo y su mente y que en su inmensa mayoría no son un peligro para sí mismos o para su entorno. Los datos de la Organización Mundial de la Salud, citados en la exposición de motivos de la iniciativa presentada, son contundentes: del total mundial de consumidores de drogas prohibidas por los tratados internacionales, menos del uno por ciento tiene un consumo problemático, ya sea porque es adicto o porque constituye una amenaza para la convivencia social.

Entre el conjunto de drogas hoy prohibidas y sujetas a persecución por los Estados, la mariguana tiene un grado de peligrosidad relativamente bajo, inferior por supuesto al del alcohol -droga legal en buena parte del mundo y la de más alto grado de peligrosidad social e individual según un estudio publicado por la revista médica The Lancet hace algunos años- y al del tabaco, cuyo consumo ha sido hasta hace muy poco profusamente difundido por la publicidad. Sin embargo, la aplicación de la prohibición de la cannabis, basada más en prejuicios que en evidencias científicas, ha alcanzado desde hace décadas proporciones desmesuradas; el resultado ha sido el enriquecimiento y empoderamiento de los delincuentes que han controlado el mercado, con secuelas de violencia destructoras de tejido social y miles de consumidores encarcelados simplemente por poseer la sustancia aunque no le hicieran daño alguno al prójimo, mientras la demanda no se ha inhibido.

Como política pública, la prohibición de las drogas ha sido un desastre. Sin embargo las inercias institucionales -entre la que no es menor la resistencia de las agencias encargadas de la aplicación de la ley a cambiar las reglas que justifican su existencia- han llevado a que se mantenga un modelo caro e ineficiente, a pesar de existir alterativas mucho más racionales y sustentadas en la evidencia científica. Para decirlo de manera simple, el mercado de las drogas existe pero sería mucho mejor que estuviera regulado por los Estados, en lugar de que sea regulado, como lo es hoy, por los criminales.

En cuanto a la demanda, falta mucha investigación para determinar cuáles son las causas que conducen a los seres humanos a buscar estados alterados de conciencia, pero lo que es un hecho es que se trata de un fenómeno que ha acompañado desde el origen la evolución social de la especie. Así, un Estado laico, que no pretenda imponer un modelo moral único a su población, tiene que poner por delante la libertad individual y enfrentar el tema por sus efectos sanitarios y de convivencia, en lugar de prohibir conductas individuales que en todo caso sólo afectan a quien las práctica.

La iniciativa de los diputados locales del PRD no legaliza la mariguana, pues ese es un ámbito que es de competencia federal. Con la nueva legislación, si llegare a aprobarse, no se permitirá el cultivo ni se autorizará la mariguana como medicamento, pues todo ello escapa a la esfera de ingerencia del legislativo local. Lo que propone el proyecto es que, con base en las atribuciones otorgadas a las entidades federativas en el artículo 21 de la Constitución, se disminuya al mínimo la prioridad de la persecución de los delitos relacionados con el consumo de cannabis; con ello se pueden reducir los márgenes para la extorsión de los consumidores, hoy sometidos a la arbitrariedad policial, del ministerio público y los jueces, al tiempo que permitiría la separación de mercados para alejar a los usuarios de la oferta de otras drogas potencialmente más peligrosas.

De acuerdo a lo propuesto, el Instituto para la Prevención y Atención de las Adicciones de la Ciudad de México sería el encargado de aplicar la regulación de puntos tolerados de aprovisionamiento de mariguana y de establecer los controles sanitarios correspondientes. Los beneficiados serían los adultos consumidores -desde luego los menores quedan protegidos- que podrían obtener la sustancia sin riesgo para su seguridad, sin contacto con traficantes de otras drogas y con garantías de calidad hoy inexistentes. Los afectados serían los delincuentes que hoy medran con la prohibición.

El trabajo de redacción de la iniciativa ha sido un enorme ejercicio de imaginación jurídica y ha tomado en cuenta la investigación científica disponible. En él se reconoce la influencia de organizaciones como el Colectivo para una Política Integral Hacia las Drogas, que desde hace siete años ha impulsado un cambio de rumbo en la materia; dos de sus integrantes -el jurista Alejandro Madrazo y el psiquiatra especialista en adicciones Gady Zabicky- participaron en su elaboración, así que llega a la Asamblea con un respaldo académico sólido. Si no se deforma en el proceso legislativo, la Ciudad de México volverá a ser pionera en el país respecto a la ampliación de las libertades públicas.

Se trata de un primer paso apenas, pero uno de enorme relevancia para modificar el rumbo de la política de drogas que tanto daño ha causado a la sociedad mexicana. Bien haría el gobierno federal en no presentar recurso de inconstitucionalidad y dejar que el experimento capitalino se someta a la prueba de la realidad, a ver si, como suponen los promotores del proyecto, contribuye a reducir la violencia, sirve para descongestionar las cárceles y reduce las ganancias de las bandas criminales. No va a ser la panacea, pero sus efectos pueden ser positivos si no se enfrenta a la hostilidad de la autoridades de la federación y a la persecución policiaca de su implementación.

Fuente: Sin Embargo