Desde México Evalúa publicamos una edición más de Hallazgos, un reporte muy pormenorizado sobre el estado que guarda nuestro sistema de justicia penal. El propósito original era seguir el paso de la implementación de la reforma a la justicia penal que ocurrió en 2008, para luego dar cuenta de su consolidación. La verdad es que esperábamos registrar cambios sustantivos año con año; retratar a través de un conjunto de indicadores cómo instituciones muy débiles iban creciendo para convertirse en mayores de edad, por decirlo de alguna manera. En lugar de peso y talla, mediríamos sus capacidades, su desempeño y las condiciones que permitirían su desarrollo.

Llevamos ocho años haciendo Hallazgos (primero bajo el sello de CIDAC) y las instituciones no crecen ni se fortalecen al ritmo deseado. Siempre están las entidades federativas que sobresalen y de las que me ocuparé líneas adelante, pero también las que presentan enormes rezagos. Es el sello de la casa: en este país la transformación no camina paralela entre estados y regiones. Así como en lo económico y lo social, hay enormes asimetrías en la justicia. Y al igual que en otras dimensiones, éstas son el resultado de procesos mal articulados, que se dejaron a la deriva. Admitamos que la reforma ha sido huérfana casi de origen, que acaso fue adoptada por algunos gobernadores o autoridades que entienden de su trascendencia, además del beneficio político que puede implicar mejorar la justicia en una entidad.

El hecho es que estamos atorados. El indicador por excelencia de efectividad del sistema es el nivel de impunidad. Estamos casi en el 95 por ciento de delitos que no se resuelven de los que conoce la autoridad, y llevamos años así. En las tuberías procesales de las procuradurías y fiscalías sigue quedándose atascada la mayoría de las carpetas de investigación que se abren. La “salida” más recurrida es la del archivo temporal, que es como apilar los casos dentro de un cajón. Ahí se queda más del 65 por ciento de las carpetas que se inician. La procuración de justicia no logra moverse. Aunque ahora tengan la etiqueta de fiscalías autónomas, no logran dar vuelta a la inercia, y por eso no gestionan los casos de manera distinta, no priorizan y no investigan con métodos más eficientes y científicos. Otros actores clave del proceso penal en el modelo acusatorio, las defensorías de oficio y las comisiones de víctimas, están bastante rezagadas. No se invierte en ellas y, por tanto, el modelo no puede funcionar bajo su premisa central: la igualdad de armas entre las partes.

Para leer columna completa clic aquí: El Financiero