Estas semanas han sido particularmente intensas en el ámbito jurídico. Resulta difícil dar seguimiento tanto a las decisiones judiciales, como a las propuestas legislativas y administrativas. El sistema jurídico enfrenta una tensión inédita que refleja el choque de dos visiones sobre el derecho.
Lejos del paradigma en el cual la expectativa es el cumplimiento estricto de la ley, para la 4T ésta es un instrumento maleable que debe servir a la voluntad popular, encarnada en el presidente López Obrador. Lo anterior se traduce en tres estrategias. Si la ley sirve, se usa. Si estorba, se cambia (para algo sirve tener mayoría en el Congreso), o se elude por la vía administrativa. Y si nada de esto funciona, pues entonces se ignora. Usemos esta lectura para intentar entender qué sucede.
Hay innumerables decisiones que diariamente se procesan en la “normalidad”. La fuerza del derecho sirve a la administración y se utiliza para alcanzar sus propósitos. Pero sucede que con frecuencia no permite obtener con celeridad los resultados esperados (hay trámites y requisitos que cumplir), o las decisiones deben enfrentar el recurso por los particulares de los mecanismos de defensa. Por eso se ha propuesto una reforma a la legislación que modifica el balance entre particulares y la administración, en beneficio de esta última.
En el ámbito legislativo pongo dos ejemplos. La concepción ideológica y administrativa de la dirección del Conacyt chocaba frontalmente con el diseño de la ley vigente en la materia. Por eso se ha impulsado una nueva ley que, a pesar de las advertencias sobre sus problemas e implicaciones, será aprobada por la mayoría parlamentaria de Morena.
Misma ruta con la Guardia Nacional. Ante la imposibilidad de lograr la reforma constitucional, se optó por la modificación legislativa para cumplir con la decisión presidencial. Pero en este último caso el “cambio” encontró un obstáculo: el texto constitucional y una Suprema Corte que, con la entereza de una ministra y siete ministros, decidió lo que tenía que decidir ante la evidente antinomia entre la ley y la Constitución. El choque no pudo ser más estrepitoso. Hoy, a las puertas de la Suprema Corte, se pide la cabeza de su presidenta. ¿Necesitamos más evidencia de la confrontación?
Ignorar. Eso es lo que ha hecho el Senado con su obligación constitucional de designar ciertos funcionarios, muy particularmente los del INAI, organismo que ahora no puede cumplir su mandato constitucional. Aquí no se trató de respetar o cambiar. Por la vía de los hechos, se ignora la ley.
Al momento de escribir esta columna la Cámara de Diputados sesiona y es muy probable que Morena y sus aliados aprueben varias leyes que modificarán profundamente el panorama. Vendrán las acciones de defensa y la tensión se incrementará. Como nunca, la Suprema Corte juega un papel crítico en la política. Vaya dilema para una institución diseñada para acatar el derecho.
Fuente: Milenio
