Académicos e investigadores advirtieron que la clase política tiene que entender que negar u ocultar información pública equivale a vulnerar un derecho fundamental de la sociedad y, por lo tanto, debe considerarse como una falta grave que amerita sanción.

La nueva “Ley General de Transparencia” incluye sanciones que van desde los 3 mil 500 pesos en los casos en que servidores públicos o particulares que manejen recursos públicos entreguen a destiempo información o entreguen datos que no estén actualizados.

La sanción se eleva hasta 56 mil pesos en los casos en que los sujetos obligados sustraigan, mutilen o alteren información pública, de forma parcial o total. Y llega hasta los 105 mil pesos en los casos en que, con dolo, oculten información, la declaren inexistente de forma falsa, la declaren reservada sin fundamento, o no acaten las resoluciones de los organismos garantes.

En momentos en que el Congreso se encuentra en un punto de quiebre, porque al mismo tiempo se discuten propuestas para crear el Sistema Integral de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, expertos advierten que las nueves leyes deben contar con mecanismos reales que inhiban la tendencia común a ocultar información.

“Si no hay suficiente fuerza para mandar el mensaje de que produce impunidad no abrir la información a pesar de las instrucciones del órgano garante, como de hecho ha venido sucediendo en buena medida si nos atenemos a las estadísticas vigentes, entonces el mensaje va a ser, me temo, muy equívoco y se habrá perdido una importante oportunidad”, afirmó Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.

En este punto, el sistema de sanciones es un punto clave, como quedó demostrado en las exposiciones de expertos ante senadores que elaboraron el dictamen de la nueva Ley General de Transparencia, en el Senado de la República…

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