El 21 de marzo del 2012, en el Instituto Federal Electoral, la Red por la Rendición de Cuentas presentó a los presidentes de todos los partidos políticos un documento que sintetizaba en 18 propuestas la ruta para la elaboración de una política pública de rendición de cuentas para México.

Debido a que era un año electoral, la reacción de todos los partidos políticos fue aceptar y hacer un compromiso público para cumplir con dicha agenda, incluso al inicio de la presente administración federal el tema del combate a la corrupción ocupó el centro del debate.

Esta actitud propositiva se ha diluido con el paso de los meses y, por desgracia, se vuelve a repetir lo que los integrantes de la Red habían diagnosticado como problemas que requerían atención: arreglos institucionales poco sinérgicos, fiscalización y evaluación sin consecuencias, traslape de obligaciones para la administración pública, participación ciudadana simbólica y desvinculada del diseño y desarrollo de las políticas públicas del país.

Es decir, podemos concluir que en este momento las piezas fundamentales del engranaje de un sistema articulado y completo de rendición de cuentas están funcionando por separado.

En este contexto se inscribe la presente publicación que forma parte de la Colección de Cuadernos de la Red. En el escrito, la Comisionada Jacqueline Peschard establece las coordenadas de la discusión para la elaboración de una Ley General de Acceso a la Información Pública que sea funcional y efectiva. A la luz de la experiencia acumulada hasta ahora en materia de transparencia y acceso a la información, los desafíos resultan ser de naturaleza tanto práctica como política y jurídica.

Sin duda, las enormes asimetrías regionales que prevalecen en el país lanzan el reto – hasta ahora no cumplido- de garantizar a todo ciudadano por igual y sin importar la entidad de residencia, el derecho fundamental de acceder a la información pública. En la práctica, las contrarreformas, las controversias judiciales, la diversidad en la calidad normativa y la variedad de interpretaciones surgidas en las entidades de la República, son muestra de la resistencia e incomprensión que enfrenta el ciudadano cuando busca ejercer este derecho.

Por ello, desde una perspectiva jurídica, debe diseñarse una nueva normatividad bajo un enfoque que cumpla a la vez con los principios fundamentales con- sagrados en la Constitución y los Convenios internacionales suscritos por México.

A nivel político, la exigencia social actual ofrece a los tomadores de decisiones la oportunidad de elaborar un marco que homologue resoluciones, ordene plazos y procedimientos y establezca criterios que permitan diferenciar -bajo el rasero de la garantía de derechos- lo público de lo reservado; generando así las mejores condiciones para el acceso a la información pública en todos los niveles de gobierno.

Pero como bien alerta la Comisionada Peschard, una Ley General de Acceso a la Información Pública carece de sentido si no se apunta hacia la arquitectura de un sistema nacional de transparencia y acceso a la información que esté vinculado a la generación de archivos, a la asignación y monitoreo del ejercicio presupuestal, a la evaluación, la fiscalización, el sistema de responsabilidades y la participación ciudadana. Todas ellas son piezas clave para la rendición de cuentas.

Bajo esta lógica, en este trabajo se delinean consideraciones para lograr los principios máximos -y no los mínimos- necesarios para hacer efectivo el derecho de acceso a la información.

Sería injusto no reconocer el papel crucial del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), bajo la Presidencia de la Comisionada Peschard, en la fundación de la Red por la Rendición de Cuentas. Tanto a nivel institucional como a nivel personal, el impulso que le ha dado la Comisionada Peschard a los trabajos de la Red ha sido determinante para los logros alcanzados hasta ahora y por ello le extendemos nuestro más sincero agradecimiento.

Lourdes Morales

Directora

Para descargar el 3er cuadernillo da click aquí.