Por: Óscar Guerra Ford

El DF concentra la mayor parte de las instituciones públicas federales y, si sumamos las locales, podemos decir que nuestra ciudad genera un sinnúmero de trámites y procesos en donde se pueden presentar actos de corrupción. Ante tal escenario, la nueva política anticorrupción nos afecta de manera significativa y va a requerir, especialmente, la participación de todos nosotros para construir un mejor gobierno.

Por lo pronto, los senadores ya aprobaron la minuta de la reforma constitucional; ahora corresponde a la Cámara de Diputados hacer lo propio.

Sin embargo, es necesario concretar una reforma integral, enfocada no sólo al combate de la corrupción, también a su prevención; además de que debe estar articulada con el sistema nacional de rendición de cuentas.

La reforma instituye un organismo público autónomo para aplicar la normatividad en el ámbito federal, que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública. Este organismo ya no dependerá del Ejecutivo ni de ningún otro Poder, y su titular será nombrado por la Cámara de Senadores.

Al respecto, sería importante que este organismo no fuera unipersonal, sino que contara con un órgano de dirección colegiado, con, al menos, tres comisionados o consejeros, uno de ellos fungiría como presidente, los cuales también serían nombrados por las dos terceras partes del Senado. Esto evitaría la posibilidad de que el titular del organismo sea objeto de presiones para privilegiar intereses particulares.

El organismo contará con la facultad de evaluar y certificar a los titulares de las unidades de auditoría interna. En el caso de los que se encuentran en funciones, el organismo deberá ratificarlos con base en su capacidad, trayectoria y conocimientos. De cualquier modo, es conveniente que ya no sean las dependencias las que los designen, sino el propio organismo mencionado.

La reforma también señala que el Congreso expedirá una Ley General en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, que aplicará para la federación, las entidades federativas y los municipios; esto significa que los congresos locales no podrán modificar su contenido, por lo tanto, es indispensable cuidar su redacción para impedir que abunden los amparos.

Las entidades federativas deberán establecer un organismo homólogo al federal, con plena autonomía, para la aplicación de la Ley General en sus respectivos ámbitos de competencia.

Por otro lado, el organismo anticorrupción federal tendrá un consejo consultivo integrado por su titular, tres ciudadanos nombrados por el Senado, un representante del Ejecutivo, un representante de la entidad de fiscalización superior de la federación y un representante del IFAI.

Sobre este particular, es recomendable separar la consultoría en dos consejos: uno ciudadano, integrado por personas ajenas a las instituciones de gobierno; y otro interinstitucional, conformado por las instancias relacionadas con la rendición de cuentas; por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Congreso de la Unión, la Auditoría Superior de la Federación, el IFAI, la entidad especializada en archivos y el Inegi.

Las recomendaciones que emita el organismo autónomo anticorrupción deberán tener el mismo peso que las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de obligar a la institución recomendada, al menos, a emitir algún pronunciamiento.

Asimismo, las capacidades para sancionar a los funcionarios que cometan actos de corrupción se deben ampliar para sancionar también a los particulares que estén involucrados en tales actos ilícitos.

Respecto a lo señalado en el artículo séptimo transitorio, es preferible que sea incluido en el artículo 109 de la reforma constitucional para darle mayor peso; así, tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales estarán obligados a expedir normas para prevenir y reducir los riesgos de corrupción en los actos de contratación gubernamental, simplificar y transparentar trámites y procesos, establecer el servicio profesional de carrera y de administración de recursos humanos, así como fortalecer la honestidad, la profesionalización, la especialización y la evaluación de los servidores públicos.

Finalmente, debe analizarse la posibilidad de crear un Ministerio Público especializado en la investigación de delitos relacionados con la corrupción, para su efectivo combate.

Fuente: El Universal