La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha instado a España a modificar “urgentemente” su Código Penal en materia de lucha contra la corrupción para asegurar que los individuos y las empresas, incluidas las de propiedad estatal, puedan ser consideradas responsables por el delito de cohecho y corrupción de funcionarios públicos en el extranjero.

Así consta en un comunicado difundido por el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre la Corrupción en el que se apoyan los “esfuerzos” que España está adoptando a fin de “poner su legislación contra el soborno en consonancia con sus obligaciones internacionales, en virtud de la Convención de la OCDE sobre la Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales”.

El Grupo de Trabajo destaca que tomó nota de “los esfuerzos de España por tener el proyecto de ley convertido en ley a finales de 2014” y apunta que la actual legislación española establece “delitos separados para el soborno de funcionarios públicos extranjeros y para el soborno de los funcionarios europeos”.

“Este último contiene graves deficiencias, identificadas desde 2006, en particular en relación con el alcance de la infracción, el nivel de las sanciones y el periodo de las limitaciones”, señala la OCDE antes de apuntar que la legislación española también establece “una excepción a la responsabilidad penal de determinadas empresas de propiedad estatal”…

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